Editorial

Editorial: Loable, pero insuficiente

Para que los taxis sean más seguros hay que ir a la raíz: apostar por un cambio en el actual modelo.

02 de agosto 2016 , 07:53 p.m.

Cuando los viejos buses ‘chimenea’ reinaban en Bogotá, hubo toda suerte de campañas para lograr que se detuvieran solo en paraderos. El eco de estas duraba unos días, máximo unas semanas. Pero rápidamente se desvanecía y volvía el caos.

Y así era básicamente porque los conductores en guerra del centavo –como sigue ocurriendo con los de las rutas del sistema tradicional que hasta hoy sobreviven– no encontraban ni incentivos ni elementos disuasivos suficientemente poderosos como para llevarlos a modificar su comportamiento. Fue necesario un cambio estructural, la implementación –con sus fallas y aciertos– del SITP para, por fin, ver a los buses de servicio público de la capital deteniéndose solo en los lugares autorizados.

Traemos a colación esa experiencia a propósito de la decisión de la administración de Enrique Peñalosa de fijar un incentivo –un recargo de 500 pesos en el valor de cada carrera– si los conductores de los ‘amarillos’ logran reducir en un 20 por ciento las cifras de accidentalidad de su gremio.

Y si nos referimos a lo vivido con los buses es para afirmar que, aunque reconocemos no solo la voluntad de buscar soluciones innovadoras y, en general, la muy buena intención que hay detrás de la medida, el nuevo incentivo luce insuficiente. Tampoco termina de convencer que sean los usuarios quienes costeen el premio, interrogante que va atado al de qué ha hecho el Estado para garantizar que los vehículos en los que se presta el servicio no admitan ninguna duda sobre sus altas especificaciones en materia de seguridad y protección de los ocupantes y, sobre todo, qué ha hecho para salirles al paso de manera efectiva –teniendo la facultad constitucional y un repertorio cada vez mayor de herramientas tecnológicas– a las prácticas indebidas en las que incurren algunos conductores, no todos, por supuesto, la más común de ellas, la alteración del taxímetro.

En el debate hay que referirse también a las deplorables condiciones en las que labora una buena cantidad de los conductores para comprender por qué son tan proclives a los incidentes. Estas son resultado de una manera de organizar dicho servicio, que pide a gritos ser reformulado y no que le sean recetados paños de agua tibia.

Solo así se podrá llegar a un escenario en el que, como con el SITP, quienes van al volante de los taxis no estén permanentemente tentados por las infracciones en las que hoy incurren, las más de las veces, buscando arañar un peso más para llevar a casa.

Ríos de tinta han corrido explicando el pésimo negocio que resulta para la ciudad y para los usuarios la normativa actual y todo lo que esta conviene a empresas afiladoras y a propietarios de carros, pero sobre todo de los polémicos cupos. Los incentivos como el que hoy nos ocupa demuestran un interés por generar cambios, y eso es positivo. Pero estos cambios deben ser mucho más profundos y deben llevar a que el Estado tenga una capacidad real y efectiva para regular este servicio púbico, en aras del bien común, que para este caso se traduce en vehículos seguros, con conductores bien remunerados, amparados por la seguridad social y dispositivos bajo estricta regulación oficial que garanticen transparencia en el cobro.editorial@eltiempo.com

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