Editorial

Lo que cuesta la contaminación

Las víctimas de esta tienen dos responsables: los que maltratan el ambiente y la desidia estatal.

05 de mayo 2017 , 10:31 p.m.

Que oficialmente se reconozca que la degradación ambiental en el país deja cada año más de 13.000 muertes y pérdidas de 20,7 billones de pesos para el sistema de salud debe tomarse como un imperioso llamado para que estas cifras conduzcan a una intervención general en este campo.

Al menos, es lo que se puede inferir del informe presentado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) que cuantificó, por primera vez en términos económicos, el impacto de la contaminación en 2,6 por ciento del PIB, algo equiparable con una reforma tributaria o la mitad de lo que se desliza por el desagüe de la corrupción.

Vale la pena saber que el mayor impacto es consecuencia de la mala calidad del aire urbano que se lleva el 75 por ciento de estos gastos, que, de paso, se asocia con 10.527 muertes y cerca de 67,8 millones de consultas médicas. Consecuencias suficientemente refrendadas con las recientes emergencias de este tipo como la vivida en Medellín.

El informe del DNP cuantificó por primera vez, en términos económicos, el impacto de la contaminación en 2,6 por ciento del PIB

Aunque, valga decir, este fenómeno es el más publicitado, el DNP pone sobre el tapete otros dos factores: la mala calidad del aire dentro de las viviendas y la carencia de higiene y saneamiento básico en las comunidades. En este sentido, el informe manifiesta que la polución doméstica acaba, prematuramente, con la vida de miles de personas cada año y arrasa con millones de años de vida saludable, además de dilapidar junto a ellos 3 billones de pesos en el mismo periodo. Dramático resulta, así mismo, saber que la falta de agua potable causa 900 muertes y la pérdida de 2,2 billones de pesos.

Muchos de estos números podrían ser significativamente menores, puesto que sus desencadenantes se pueden evitar o, al menos, atenuar con medidas que están descritas. Del mismo modo, no deja de causar desazón el saber que las platas que esta situación enreda son, mal contadas, 6 veces los faltantes que arrastra el sistema de salud en este periodo.

No sobra tampoco decir que todo esto no es nuevo. De hecho, el Instituto Nacional de Salud (INS) estimó hace unos meses que las muertes por tales causas son el 7 por ciento de todas las que ocurren cada año (unas 15.000). Además, desde el 2008 se creó la Comisión Técnica Nacional Intersectorial para la Salud Ambiental (Conasa), encargada de agrupar a todas las entidades que tienen que ver con esto desde el sector oficial. Y, por supuesto que también hay que mencionar que la Ley Estatutaria de Salud (1751 de 2015) define –desde el ámbito constitucional– como un deber del Estado la intervención sobre los determinantes que influyen en el bienestar de la población.

Basta una mirada superficial a este deplorable escenario para evidenciar la fragilidad institucional. Es claro que hay elementos suficientes; sin embargo, lo es también que los muertos, los enfermos y los costos que deja la degradación ambiental tienen dos responsables: los que maltratan, de manera dolosa y en provecho propio, el medio ambiente y la desidia estatal.

Aquí no hay excusas. El informe del DNP no puede quedar como un documento más en el inocuo sobrediagnóstico que en el caso de la contaminación ambiental produce muchos titulares, pero pocas acciones.

editorial@eltiempo.com.co

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