Editorial

Las leyes para el campo

Podríamos estar hablando de un agro en el que todos ponen, para que todos quepan.

28 de mayo 2017 , 02:18 a.m.

Se apresta el Congreso para discutir el proyecto de ley, presentado por el Gobierno, que le da desarrollo legislativo a lo acordado con las Farc en materia de tierras y desarrollo agrario. Va de la mano con un paquete de decretos con fuerza de ley que el Presidente anunció en la tarde del pasado viernes y deberán expedirse a más tardar el próximo miércoles, cuando vencen las facultades extraordinarias que le otorga el Acto Legislativo para la Paz.

Aunque apenas ahora comienza el trámite legislativo del proyecto (por la vía del ‘fast track’, e incluye las disposiciones de carácter más integral), la antesala de ambas iniciativas ha sido larga y, sobre todo, accidentada y ruidosa. Hay que decirlo con claridad: el Gobierno ha estado por debajo de las expectativas en esta fase inicial de dos normas sobre un tema fundamental: cualquier paso en falso que aquí se dé puede intensificar viejas disputas en este asunto, corriendo incluso el riesgo de empujar al país a un nuevo ciclo de violencia y conflicto.

Y es que, como bien lo han dicho numerosos expertos, el del acceso a la tierra, el de la informalidad de la propiedad y el de la ocupación de baldíos son cuestiones que han estado en el nervio del conflicto armado desde los años de la Violencia hasta hoy. No sobra reiterar que el acuerdo alcanzado con las Farc es una oportunidad inmejorable para resolver estos pendientes; para pasar la página de los derechos de propiedad incompletos, de los sistemas de información desactualizados y obsoletos y de los desplazamientos por esta causa, por no mencionar los despojos.

Lo cual no es menos importante, porque sigue vigente el anhelo de que Colombia se constituya en despensa del planeta mediante la producción de alimentos a gran escala y bajo los más exigentes criterios técnicos y ambientales. Un escenario en el que los beneficiados serían todos los colombianos, gracias al crecimiento económico que por tal razón se daría.

Cuando es de tal calado lo que está en juego, no hay mayor margen para los tropiezos. Y aquí no han faltado, trayendo como consecuencia una pérdida de confianza en el Gobierno –entre otros y sobre todo– de quienes tienen disposición para invertir en el campo.

Si bien ya fue aclarada la confusión, al punto de que el Presidente y el Ministro de Agricultura han sido enfáticos en que Colombia es un Estado social de derecho en el cual se garantiza la propiedad privada, los ecos de la polémica por la revelación de un proyecto inicial del decreto de marras, en el que era muy amplia la discrecionalidad de la Agencia Nacional de Tierras al ordenar expropiaciones, aún retumban.

Dicho lo anterior, es de esperarse que se implementen los ajustes de rigor para corregir el rumbo. Urge que el Ejecutivo garantice que los responsables de que el país cuente con las normas que permiten desarrollar lo acordado en La Habana muestren un desempeño mucho más armónico. Su misión es la de no desprenderse de una hoja de ruta –absolutamente válida y pertinente– que conduce al objetivo de que en el campo reine la formalidad y, así, no falte prosperidad tanto para campesinos como para inversionistas. Visto de otra forma, para que el Estado haga, por fin, una tarea por décadas aplazadas y obtenga una calificación sobresaliente en dicho esfuerzo.

Que así sea depende en buena medida de los consensos que se puedan generar, los cuales trascienden el Capitolio, sin demeritar la importancia de los que allí se logren, más ahora con las nuevas reglas de juego que dejó el fallo de la Corte Constitucional sobre el mencionado ‘fast track’.

Pero es necesario ir más allá. Es imprescindible a estas alturas un liderazgo decidido de la Casa de Nariño que conduzca a un debate incluyente –es decir, con participación de la oposición y de los gremios en esta orilla– en el que todos los grupos de intereses, incluidos grupos étnicos, aborden los desafíos y muestren voluntad para ceder en sus posiciones: que no sea un diálogo de sordos.

Lo que se espera, pues, es que lo acordado en Cuba tenga su arquitectura legal. Esto permitirá que el Estado sea, al fin, eficaz en su función de otorgar derechos de propiedad y, más importante incluso, protegerlos. Por eso, lo responsable es que la tarea esté en manos de los más capaces y que la discusión sea profunda, informada y pausada.

De llegar a buen puerto todas estas iniciativas, podríamos estar hablando de un agro en el que todos ponen, para que todos quepan. En el que los pequeños productores asuman que los grandes contribuyen, por lo que deben tener acceso a tierras que ellos no podrían producir. Y en el que los grandes reconozcan la importancia de contar con un marco de formalidad e inclusión para que sus inversiones den los frutos esperados. En últimas, contar con los incentivos que tanta falta han hecho para que el agro sea la esperada locomotora del desarrollo del país.

editorial@eltiempo.com.co

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