Editorial

Editorial: Las escrituras de la paz

En la formalización de la propiedad rural se va a jugar gran parte del éxito del posconflicto.

28 de septiembre 2016 , 07:26 p.m.

Mucho se habla por estos días, como es natural, de la paz. Se alude a ella como un concepto abstracto, en ocasiones idealizado. La comprensible euforia por la firma del Acuerdo Final, sumada a lo agitado del ambiente político a pocos días de celebrarse el plebiscito para refrendar o no lo acordado, poco ayuda a que prosperen los debates sobre la implementación de lo que aparece en el documento en el que Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño estamparon su firma.

Aun así, se alcanzan a escuchar en medio del ruido advertencias de los mismos negociadores sobre el tamaño de los retos que ya se asoman. Y aquí uno sobresale, básicamente porque de él depende en buena medida el éxito de este esfuerzo, llamado a partir en dos la historia del país. Es el de soltar por fin el lastre de la informalidad en lo que concierne a los derechos de propiedad en el sector rural, empeño que debe darse de manera simultánea con el de la necesaria actualización catastral, labor que, como lo ha planteado ya el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, apunta al catastro multipropósito, herramienta clave para la restitución de tierras y la gestión del riesgo, entre otras tareas.

Lo cierto es que lo revelado por este diario el domingo pasado vuelve a poner de presente la importancia del asunto. Según cifras oficiales, son cerca de 7 millones las hectáreas rurales en el país, un área similar a la del departamento del Guainía, sobre las que no hay claridad respecto a quién es su propietario. Puesto de otra forma: 65 por ciento de los predios del campo no cuentan con escrituras. Muy grave.

Y es que no tener tal documento es un auténtico obstáculo para quien ocupa una propiedad a la hora de aspirar a mejorar sus condiciones de vida, toda vez que esa situación de informalidad le impide acceder a las distintas modalidades de apoyo estatal. Lo anterior, sin contemplar otros bemoles como la vulnerabilidad frente a violentos e inescrupulosos. En suma, hoy está claro que la deuda del Estado con la gente en todo lo que atañe al acceso a la tierra y, sobre todo, a los ya mencionados derechos de propiedad está entre las principales –si no es la principal– causas de la fractura social en cuyas grietas germinó la semilla del conflicto armado.

Su importancia radica en que en gran parte define los términos de la relación entre los ciudadanos y el Estado. Si en este aspecto prima la formalidad, en otros, como la tributación, nada menos, habrá también reglas claras y, lo más importante, construcción de confianza. Si el gran desafío para la construcción de una paz estable y duradera es que esos sectores que han permanecido en sus márgenes crean en el Estado colombiano, es vital titular, por fin, estos predios cuando su ocupación se haya dado sin mediar anomalías, claro está.

El Ministerio de Agricultura, a través de la Agencia Nacional de Tierras, viene adelantando el programa de las Zonas de Formalización Masiva, así como la adjudicación de baldíos a personas dedicadas a la agricultura, pero sin una propiedad. Un esfuerzo que merece respaldo y acompañamiento. Es una tarea que hay que hacer, y qué bueno empezarla ya, pues su necesidad no puede ni debe estar atada a factores como, por ejemplo, lo que digan las urnas el domingo.editorial@eltiempo.com

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