Editorial

La paz nublada

La implementación de lo firmado hoy patina. Es necesario renovar el compromiso con este anhelo.

05 de noviembre 2017 , 02:00 a.m.

Quienes pronosticaron que la implementación de lo firmado en el teatro Colón sería un proceso que costaría sangre, sudor y lágrimas hoy pueden pasar –lamentablemente para el país– cuenta de cobro. Una serie de hechos ocurridos esta semana les dan la razón, mas no pueden ser una invitación a desfallecer. Al contrario, es necesario perseverar.

Es evidente que el esfuerzo de construir una paz estable y duradera no atraviesa sus mejores días. La opinión toma nota de ello, y de ahí el aumento en la cantidad de colombianos que no creen que el Estado cumplirá con lo pactado, tal y como lo registró la encuesta bimestral de la firma Gallup revelada el miércoles.

Pero la inercia estatal no es el único blanco de las miradas. La Farc, ahora en singular, se lleva una tajada importante a la hora de la repartición de responsabilidades. El fortalecimiento de sus disidencias, al compás que marca el crecimiento de los cultivos de coca en el último tiempo, obliga a recordarle a este grupo, y más como nuevo partido político, el compromiso adquirido para colaborar de forma efectiva en la solución de este problema.

Honrar lo anterior es la mejor manera de evitar que surjan maledicencias. Esas que ya se escuchan y muchos quieren que circulen profusamente respecto a que la distancia entre la nueva fuerza política y quienes decidieron permanecer por fuera de la ley y dedicados al narcotráfico está lejos de ser la ideal. Este y otros gestos contundentes que despejen dudas y dejen clara la distancia son el mejor aporte que la Farc puede hacer en estos momentos a la construcción de paz. Sobra decir que tal esfuerzo también tendría un considerable impacto positivo en la percepción de la gente hacia el nuevo partido.

En este mismo propósito de trazar un límite claro entre la legalidad y la ilegalidad, la decisión de proceder con todo el rigor –que en este caso se traduce en superioridad aérea– contra las mencionadas disidencias es acertada y debe respaldarse. Como ya se ha planteado en este espacio, es fundamental enfrentar el crimen organizado derivado del narcotráfico con una estrategia integral, lo cual no excluye de ningún modo recurrir a las armas del Estado para contrarrestar la que sin lugar a dudas es una seria amenaza para la prevalencia del Estado de derecho en no pocas regiones del país.

Con su actitud desafiante y con sus largas frente al compromiso de ayudar a erradicar los cultivos de coca, las Farc son también responsables de los tumbos que ha dado la construcción de paz.

De no existir el acuerdo para el cese de hostilidades con el Eln, un llamado similar debería hacerse a este grupo armado. Sobre todo después de tener ya la certeza de que fueron los autores del asesinato del gobernador indígena Aulio Isarama, a quien sacaron de su hogar. A la obvia condena del crimen hay que añadir otra: la infame forma como intentaron justificarlo, culpabilizando a Isarama de los hechos. Es comprensible, por decir lo menos, el contundente rechazo que los indígenas de Alto Baudó expresaron por la presencia de esta organización en su territorio. Una situación que vuelve a poner en duda el carácter monolítico y la existencia de una unidad de mando en dicha agrupación subversiva.

Y si en el terreno la paz debe sortear duros obstáculos, no muy diferente es el ámbito del Congreso. Esta semana el país fue testigo de cómo quienes durante siete años acompañaron al Gobierno en esta causa comienzan a abandonar el barco. Congresistas de los partidos de la agonizante Unidad Nacional han logrado empinar mucho más de lo previsto el camino que les resta a las iniciativas que desarrollan lo firmado en La Habana. Las mismas a las que se les acabará el carril preferencial –el ‘fast track’– al terminar este mes. Severo será el juicio de la ciudadanía si se constata que esta actitud obedece a apetitos burocráticos.

También en el ámbito político, en general, se aprecia un presente tormentoso. La más reciente tempestad surgió tras conocerse los planes de la Farc para las elecciones del 2018, en particular el de que Rodrigo Londoño aspire a la presidencia. Este debate se nutre de la incertidumbre respecto a qué tan despejado tienen los líderes de esta organización el camino que termina en cargos de elección popular. La confusión es grande; las interpretaciones, variadas y la necesidad de una última palabra que disipe las dudas es enorme. Sobre todo luego de conocerse, el viernes, el comunicado de la Comisión de Seguimiento a Delitos Electorales en el que advierte que las inhabilidades de los exguerrilleros condenados en el pasado por delitos distintos a los políticos que resulten elegidos seguirían vigentes.

Si bien es claro que la esencia de un proceso de paz es cambiar los fusiles por acceso a estos cargos, también es real que haber cometido crímenes de lesa humanidad hace más complejo tal axioma. Es válido entonces esperar que la Corte Constitucional ayude a dar luces cuando se pronuncie sobre el acto legislativo O1 de 2017, que dio vida a la Jurisdicción Especial para la Paz. Como se ve, superar este obstáculo no será asunto sencillo. Hay otro, en cambio, más fácil de sortear: el que supone la actitud desafiante y en ocasiones arrogante de los líderes de la Farc, que ha levantado justificada ampolla en la opinión. Replantearla sería un aporte bienvenido para que la paz estable y duradera retome tracción. Pero, sobre todo, cumplir los compromisos.

editorial@eltiempo.com

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