Editorial

La ley para las bandas

Lo aprobado no amplía gabelas ni establece incentivos extraordinarios para los criminales.

29 de junio 2018 , 12:00 a.m.

Sin mucho ruido, en medio de la aguda puja política que finalmente permitió la aprobación de las reglas de procedimiento de la justicia especial para la paz (JEP), el Congreso le dio la bendición final a una ley que también ha generado algún grado de controversia: la que busca facilitar la entrega de las bandas criminales.

Culmina así un proceso de casi un año que se inició cuando ‘Otoniel’, el máximo jefe del llamado ‘clan Úsuga’, anunció su intención de someterse a la justicia, acosado por la implacable persecución contra su organización ilegal, que ha visto caer, una tras otra, varias de sus principales cabezas. Es el efecto de la famosa operación Agamenón, que completa ya cuatro años y hoy, bajo el mando del general Jorge Luis Vargas, ha logrado poner en jaque a la más grande banda criminal surgida tras la desmovilización paramilitar de hace una década.

La aprobación del proyecto se logró no obstante varias polémicas y alertas tempranas que hicieron posible cerrar boquetes legales que más que facilitar el sometimiento de organizaciones ilegales habrían podido, por el contrario, constituirse en estímulos inconvenientes para quienes optan por mantenerse en la criminalidad. Así, ante la posibilidad de que las disidencias de las Farc recibieran –casi inmediatamente después de hacerle conejo al proceso de paz– beneficios jurídicos, se incluyó en la norma aprobada la salvedad de que la sola intención de someterse no es suficiente para recibir automáticamente tales beneficios, sino que hace falta una valoración positiva del Gobierno, que puede aceptar o no las solicitudes de sometimiento de las diferentes organizaciones ilegales. Lo cual es necesario y bienvenido, pues, como ya se ha dicho desde estos renglones, sería impresentable que quienes se apartaron del proceso recibieran un premio por su decisión.

Alertas tempranas hicieron posible cerrar boquetes legales que habrían podido constituirse en estímulos inconvenientes.

De la misma manera, en la norma aprobada por el Congreso no se amplían las gabelas penales para quienes se sometan, de tal modo que el Estado se hace con un instrumento jurídico que le permite realizar audiencias colectivas y agilizar procedimientos jurídicos sin hacer mayores concesiones a los que han violado la ley.

De hecho, expresamente se dejó consignado que la entrega a las autoridades no tendrá impacto alguno sobre las solicitudes de extradición que pesan sobre los capos de esas organizaciones, verdaderos carteles del narcotráfico. Y se aprovechó para apretar algunas tuercas en materia de libertades, así como para imponer duras penas a quienes pretendan, desde la criminalidad, atravesarse en el cumplimiento del acuerdo de paz con las Farc.

Eventuales beneficios penitenciarios y programas amplios de educación y resocialización en las cárceles para las bases de los grupos que se entreguen son, en esencia, las ‘zanahorias’ que trae la nueva norma.

Así las cuentas, desde varios sectores se plantea la duda de cuál sería el incentivo para que redomados criminales como ‘Otoniel’ decidan dar el paso definitivo hacia su entrega. En el fatal desenlace para varios de sus principales lugartenientes, como los temidos ‘Gavilán’ e ‘Inglaterra’, que cayeron muertos en quirúrgicas operaciones de la Fuerza Pública, parece estar la respuesta.

editorial@eltiempo.com

MÁS EDITORIALES

Ya leíste los 800 artículos disponibles de este mes

Rompe los límites.

Aprovecha nuestro contenido digital
de forma ilimitada obteniendo el

70% de descuento.

¿Ya tienes una suscripción al impreso?

actívala

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.

CREA UNA CUENTA


¿Ya tienes cuenta? INGRESA