Editorial

Editorial: La encrucijada de Bogotá

Es necesario plantearse como sociedad qué está propiciando el aumento de los habitantes de calle.

21 de agosto 2016 , 12:17 a.m.

Los incidentes ocurridos recientemente con los habitantes de la calle en el centro de Bogotá, más exactamente desde que se produjo la intervención del sector conocido como el ‘Bronx’, han sacado a la luz un problema que, si bien no es nuevo, vuelve a dimensionar su tamaño.

Se trata de una población que ha hecho del entramado de la ciudad su propio hábitat. De acuerdo con cifras oficiales, son entre 10.000 y 14.000 personas las que hoy deambulan por la ciudad, que construyen cambuches en separadores, puentes, esquinas abandonadas o que, en el peor de los casos, habitan en los ductos de los caños, expuestas a toda suerte de enfermedades y peligros.

La mayoría de ellas llevan en la calle, en promedio, entre 5 y 20 años; el 22 por ciento comenzaron a rondar por el entorno urbano desde los 6; el 15 por ciento, entre los 15 y los 17 años; y el 26 por ciento, entre los 18 y 26. Un informe del programa Bogotá Cómo Vamos reveló que nueve de cada diez habitantes de calle son hombres, que el 40 por ciento provienen de fuera de Bogotá y que el 93,8 por ciento del total aceptaron que consumen drogas psicoactivas.

Y es aquí donde ha radicado el problema que, para muchos, se ha extendido como una pandemia en pleno corazón de la capital, lo que, por supuesto, se ha prestado no solo para crear zozobra entre los residentes y comerciantes, sino que empieza a hacer carrera la tesis de que todo obedece a lo ocurrido con el ‘Bronx’, que no es cierto.

Para comenzar, hay que reiterar que la Alcaldía de Bogotá actuó bien al poner fin a la serie de atrocidades que se venían cometiendo desde hacía décadas en un sector que se había convertido en tierra de nadie. Todos los intentos por recuperarlo habían fracasado, y pelecharon allí actividades criminales de todo orden, con la complicidad de las autoridades.

En segundo lugar, aunque el Distrito consiguió que un buen número de personas que vivían en condiciones paupérrimas o eran víctimas de las mafias del narcotráfico, la trata de personas, el secuestro y la intimidación fueran atendidas por diferentes entidades del gobierno, la mayoría no accedió a este tipo de beneficios.

La explicación de las autoridades es tan simple como perturbadora, pues radica en un fallo de la Corte Constitucional que amparó el derecho de los habitantes de la calle a permanecer en ella si esa es su voluntad. Por lo tanto, no pueden ser objeto de traslados forzosos ni obligados a recibir tratamientos para su recuperación, en aras de respetar sus derechos fundamentales.

Si bien se entiende el espíritu del pronunciamiento judicial, lo que subyace en el fondo es la protección del individuo que toda autoridad está obligada a brindar. En consecuencia, pareciera que, con lo que viene sucediendo –indigentes que han terminado apoderándose de sectores del centro o que han protagonizado destrozos contra el sistema TransMilenio o amenazado a comerciantes de La Estanzuela–, a la Alcaldía no le ha quedado más remedio que convencer a los que quieren someterse a la atención oficial y brindar ayuda parcial a los demás.

Y es aquí donde surgen dudas de fondo. La primera es si estos individuos, que, como lo muestran los indicadores, son consumidoras habituales de drogas alucinógenas, están en condiciones de decidir qué es lo que más les conviene, aun a sabiendas de los peligros a los que se exponen. Para muchos, el fallo de la Corte, si bien se enmarca en el respeto por las decisiones de la persona, termina en este caso condenándola a ser presa de los criminales o a que ella misma se convierta en criminal a causa de las circunstancias.

Prueba de esto es que las asonadas protagonizadas por quienes fueron desalojados de esa olla del vicio están aupadas por los desalmados que por años han sido sus verdugos y carceleros: los llamados ‘sayayines’, oscuros personajes que se han lucrado de la tragedia que encarnan quienes, por distintas circunstancias, han ido a parar a la calle.

El mismo informe de Bogotá Cómo Vamos reveló que en el 2014 fueron asesinados 61 habitantes de la calle y en el 2015, 88; el 67 por ciento de ellos tenía entre 21 y 40 años y el 11 %, entre 11 y 20.

Resulta, en consecuencia, pertinente el debate planteado por el alcalde Enrique Peñalosa de pedir a la Corte la revisión del fallo en cuestión, para que se permita que ellos puedan ser trasladados a hogares de paso y centros de atención para su tratamiento integral. Hablamos aquí, ni más ni menos, de proteger la integridad física y moral de estos seres, para arrebatárselos a la calle y a las mafias.

Pero al margen de esto, es también necesario plantearse como sociedad qué es lo que está propiciando el aumento de esta población. Encuestas realizadas por Integración Social señalan la disfunción familiar y la falta de oportunidades como las causas principales para que niños y niñas, jóvenes y profesionales terminen engrosando las filas de la indigencia, con todo el riesgo que ello implica.

editorial@eltiempo.com.co

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