Editorial

Invasión y crimen

En la recuperación de andenes se confirmó la presencia de mafias ocultas tras una ocupación ilegal.

29 de mayo 2018 , 12:00 a.m.

Hace dos semanas, la Administración Distrital llevó a cabo un operativo para recuperar 70.000 metros cuadrados de espacio público que habían ocupado alrededor de 400 informales en 277 carpas. La acción de las autoridades, en cabeza de la Policía, la Secretaría de Gobierno y otras entidades, fue milimétrica, no hubo tiempo de reaccionar. Lo más delicado del asunto es que a la hora del balance se encontró que a las personas que se hallaban en el lugar, mafias bien organizadas les cobraban hasta 4 millones de pesos por carpa o un arriendo mensual de 500.000 pesos.

El hecho, si bien no resulta extraño, puso de relieve lo difícil que ha sido lidiar con este asunto. Incluso para la actual administración, que se puso como meta el restablecimiento de andenes, plazoletas y estaciones invadidas durante los últimos años. Sin embargo, basta recorrer algunas zonas de Bogotá para confirmar que el problema es más complejo: a la toma irregular de andenes se suma la presencia de ventas en estaciones de TransMilenio, puentes peatonales y en túneles de estaciones como Ricaurte, donde ha habido enfrentamientos entre los mismos informales.

Algo va de quien busca el sustento a través de la informalidad y el que se adueña de un espacio para explotar a ese mismo informal.

En este último caso se vieron involucrados dos venezolanos que se disputaban un mismo lugar. Los venidos del país vecino prácticamente se tomaron los articulados o se les encuentra en las zonas más concurridas, particularmente en las entradas y salidas del sistema, como sucede en la calle 26 con avenida 68. También hay un inusitado incremento de mujeres indígenas con sus hijos expuestos a la intemperie pidiendo limosna o vendiendo artesanías en condiciones inhumanas. La mayoría, según ha dicho el mismo Gobierno, pertenecen a la comunidad embera, asentada en la ciudad por razones del conflicto o porque estarían siendo objeto de explotación a través de la mendicidad.

Cada vez que se aborda el tema de la apropiación indebida del espacio público, entran en conflicto dos derechos: el del trabajo y el de la libre movilidad de las personas. Y siempre ha intentado zanjarse por el lado de que en democracia prima el derecho de las mayorías, que, para el caso, son los ciudadanos, a quienes se les debe garantizar el acceso a un espacio público digno.

No obstante, para un sector de la sociedad –y así lo ha ratificado la Corte– también es deber del Estado garantizar que quien ocupa sin autorización un andén deba ser retirado de él solo si se le garantiza una alternativa para su subsistencia.Pero ¿qué sucede si quien ocupa ese espacio es extorsionado por un tercero? ¿En dónde quedan estos principios si ese mismo espacio es utilizado para actividades criminales? Labores de inteligencia concluyen que delitos como el microtráfico y el hurto están asociados a la invasión de espacios peatonales, como en el sector de La Mariposa, en el centro, o María Paz, en Corabastos.

Difícil dilema que por ahora se resuelve con operativos, que no están mal si, como en el caso que mencionábamos, se golpea a las organizaciones que hicieron de la invasión una industria para explotar a los mismos informales. En este mismo contexto, urge que para el caso de los indígenas haya una atención expedita, por el bienestar de las mujeres y sus niños, hoy sometidos al rigor de la calle.

editorial@eltiempo.com

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