Editorial

Incompetencia mortal

Los médicos deben ser los primeros en denunciar el mercado de las cirugías plásticas fraudulentas.

21 de abril 2017 , 12:00 a.m.

Ya es hora de que las autoridades de salud y de justicia le pongan tatequieto, de una vez por todas, al peligroso mercado de las cirugías plásticas fraudulentas que a diario dejan víctimas que se cuentan en términos de muertes y de deformidades en personas sanas por las cuales nadie responde.

Hace unos días, Carlos Valdez, director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, informó que los fallecimientos ocasionados por este tipo de procedimientos crecieron 130 por ciento el año pasado, con el agravante de que en su mayoría fueron de pacientes menores de 30 años que cayeron en manos de inexpertos y en sitios no aptos para tales fines.

Con estos datos oficiales, cualquiera diría que el foco y las medidas de control hay que ponerlos sobre aquellos con conocimientos empíricos y las clínicas de garaje, lo cual, sin duda, hay que hacerlo. Sin embargo, también es tiempo de dirigirlo hacia los médicos –con títulos de especialistas o sin ellos– que en la práctica carecen de las competencias para ofertar estos servicios.

Y es que un bisturí en manos de un impostor es tan peligroso como en las de un médico que se escuda en su cartón de pregrado y en una afición para ejercer como especialista, lo mismo que en las de quien ostenta títulos de posgrado obtenidos ilegalmente.

Es imperdonable que médicos sin la capacitación adecuada y que son juzgados por lesiones personales o muertes relacionadas con su actuar sigan esgrimiendo ante los tribunales el derecho al trabajo.

Este es un asunto muy grave que contrasta con la laxitud del cuerpo médico para denunciar, desde su seno, estas prácticas en el marco de esa autorregulación que tanto han reclamado, pero que parece haberles quedado grande, a juzgar por su silencio.

Es imperdonable que médicos sin la capacitación adecuada y que son juzgados por lesiones personales o muertes relacionadas con su actuar sigan esgrimiendo ante los tribunales el derecho al trabajo y los años de práctica informal como argumentos en su defensa ante las falencias curriculares y de competencias específicas.

Razones que, ante la carencia de una reglamentación clara para el ejercicio de las especialidades en el país, son parte del soporte de absoluciones que, como acaba de ocurrir con un sonado caso, abren la puerta a una preocupante jurisprudencia en la que la salida más fácil es responsabilizar al sistema judicial.

No obstante, la médula del problema está en la apatía del propio gremio médico para definir con exactitud las competencias de cada disciplina y la génesis de rigurosos procesos para evaluarlas y habilitarlas en el marco de su autonomía o de descalificarlas al tenor de la ineludible autorregulación.

En otras palabras, son los profesionales de la medicina los primeros llamados a no ofrecer estos y otros procedimientos para los que no han sido formados y también, los encargados de juzgarlos al tenor de sus códigos de ética. Es evidente que sin esto, flaquea la autoridad moral para exigir que personas ajenas a su profesión les invadan sus terrenos y que la gente busque a los más idóneos.

Los muertos por cirugías plásticas no pueden ser una estadística que apunta a volverse paisaje. Ello exige que las autoridades tomen en serio esta amenaza, que la sociedad denuncie a los tramposos y que los médicos no le teman a demostrar sus competencias y se recertifiquen periódicamente para beneficio de sus pacientes y de su prestigio.

editorial@eltiempo.com

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