Editorial

Hasta las últimas consecuencias

Es alentador que la vieja práctica de la compra de votos esté al fin en la lupa de las autoridades.

23 de junio 2018 , 11:54 p.m.

Acostumbrados –¿resignados acaso?– por décadas a ver cómo en cada elección la compra de votos era una práctica recurrente, los colombianos nos vimos sorprendidos esta semana por los primeros resultados de la investigación de la Fiscalía acerca de las mafias que se mueven en todo el país contaminando la democracia.

Muchos dirán, con razón, que no tiene explicación el hecho de que la justicia apenas esté poniendo la lupa sobre lo que en el mundo de la política se conoce como la maquinaria y que, en plata blanca, no representa más que el venal y vergonzoso intercambio de voluntades políticas a cambio de burocracia y beneficios del Estado o, las más de las veces, de unos pocos billetes.

Los que venden su voto se quedan con la triste satisfacción de pensarse más vivos que los ciudadanos que salen a ejercer su derecho al sufragio sin miramiento distinto al de apoyar al candidato de sus preferencias. Y aunque lo viven y lo padecerán por al menos cuatro años más, no se detienen a pensar que la plata que corre a chorros por algunas campañas y se va a ‘aceitar’ las maquinarias no tiene otro origen que los recursos del Estado, que han sido y serán saqueados, de nuevo, por esos políticos que compran conciencias. Esos para quienes la llegada a los cargos públicos no es un honor sino una oportunidad de negocio.

Llevamos, como país, demasiados años mirando hacia el otro lado cuando de hacer transparentes las cuentas y prácticas de las campañas electorales se trata. Una legislación penal laxa hasta hace apenas un año –cuando se aprobó la última reforma política, que convirtió en delito la violación de topes y la entrega de falsas cuentas de campaña, entre otras conductas– y un Consejo Electoral usualmente irrelevante en sus investigaciones administrativas han redundado en una degradación de la actividad política que, sin duda, es una de las causas primarias de la corrupción que asuela a la nación.

A esa situación se suma la absurda tardanza de los procesos electorales en la Sección Quinta del Consejo de Estado, que, como sucedió recientemente con la demanda del movimiento Mira, pueden estar resolviéndose cuando terminen los periodos de quienes han sido demandados.

Esta vez, sin embargo, la justicia se ha movido y está poniendo la lupa sobre candidatos, ‘operadores’ (los líderes barriales que venden el apoyo electoral de comunidades enteras) y poderosos empresarios que ‘invierten’ en candidaturas sabiendo que su plata se multiplicará después a través de jugosos contratos públicos.

Resulta clave que se avance con paso firme en esta tarea. Que la justicia aparezca en este tipo de procesos es fundamental, pero esta es una batalla que también se gana en la conciencia del ciudadano

Tres congresistas electos, una aspirante a la Cámara ‘quemada’ en las elecciones de marzo pasado, varios diputados y concejales del departamento del Atlántico y más de 2.300 personas en todo el país acusadas de traficar con la democracia están en la mira de las autoridades.

Las esquirlas del escándalo afectan también a Julio y Mauricio Gerlein, hermanos del veterano senador Roberto Gerlein, quienes, según la Fiscalía, giraron millonarios cheques con los que se pagaron votos en favor de la detenida congresista Aída Merlano Rebolledo. Poderosos nombres por primera vez cuestionados por la justicia, lo cual lleva a pensar que, en efecto, algo puede empezar a cambiar en la manera como se hace política en Colombia.

Por supuesto, a todos los señalados y a los parlamentarios mencionados por la Fiscalía les asiste el derecho de presunción de inocencia y del debido proceso, como a todos los colombianos. Pero tampoco puede desconocerse que este tipo de decisiones representan una bocanada de aire fresco en medio de una actividad, la política, en la que por desgracia se anteponen con frecuencia los intereses particulares a los de todos.

De allí la importancia de que los pasos que se han dado culminen en fallos judiciales y administrativos, sin miramientos. Nada tan desgastante para la imagen de la justicia como ver que quienes son capturados por delinquir terminan poco después no solo en la calle, sino, incluso, demandando al Estado porque los procesos en su contra no estaban debidamente sustentados.

Los indicios revelados por la Fiscalía y las compulsas de copias enviadas a la Corte Suprema se muestran sólidos. Que la justicia aparezca en este tipo de procesos es fundamental, pero esta es una batalla que también se gana en la conciencia de cada ciudadano. Si algo deben tener en cuenta esos colombianos que venden su voto es que quienes pagan por él nunca pierden, pues sus recursos salen del desangre de las arcas del Estado, que deberían destinarse a tener un mejor país.

Es clave que se avance con paso firme en esta tarea, pues la mala política es además la madre de muchos otros males de la sociedad, comenzado por la falta de credibilidad en las instituciones y en sus dirigentes.

EDITORIAL
editorial@eltiempo.com

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