Editorial

El crimen organizado

Las medidas tradicionales ya no son suficientes para enfrentar esta amenaza.

06 de mayo 2018 , 01:53 a.m.

Más allá de las particularidades que se puedan observar en cada ciudad, así como de las disputas entre autoridades del orden local y entidades del orden nacional respecto a los diagnósticos, es un hecho que la presencia creciente de estructuras de crimen organizado en los centros urbanos del país es hoy por hoy uno de los mayores desafíos para el Estado y sus autoridades.

Un problema sobre el que la Defensoría del Pueblo ha venido emitiendo alertas tempranas, como fue el caso de Tumaco, Catatumbo, Medellín y ahora Bogotá. En estos lugares ha advertido sobre la presencia y el accionar de bandas criminales, del Eln y de algunas disidencias de las Farc que se disputaban de manera violenta el control y manejo del narcotráfico y otros negocios ilegales en esos territorios.

Es evidente que el país está hoy ante un crimen estructurado que no se puede controlar solo con aumentar el pie de fuerza de la policía o con medidas tradicionales que limitan algunos derechos de los ciudadanos, como la restricción de horarios o la movilidad por ciertas zonas. Son grupos sin escrúpulo alguno, que pretenden controlar territorios y negocios muy rentables como el narcotráfico, el microtráfico, la minería ilegal, la extorsión, los pagadiarios, la trata de personas, el contrabando, el comercio de armas y algunas modalidades de hurto. Es un flagelo que no se limita a territorios alejados y con baja presencia del Estado, sino que, como se ve, está afectando la seguridad en las principales ciudades del país, como Medellín, con el viejo drama de las comunas, y Cali.

En el caso de Bogotá, la Defensoría del Pueblo llamó la atención sobre la creciente violencia y operatividad de bandas criminales y reductos guerrilleros en Ciudad Bolívar, especialmente en las áreas que limitan con Soacha, territorio que desde siempre ha sido un foco de problemas sociales, violencia y delincuencia, sin que las autoridades de estos dos municipios y de la Nación se hayan puesto de acuerdo para solucionarlos. La discusión entre la Defensoría y la Administración Distrital se centra hoy en si existen o no bandas criminales que actúan en la ciudad; y, desde luego, hay que reconocer que existen: no de otra manera se explica el incremento del microtráfico y de determinados hurtos, como el robo de celulares, autos, motos y autopartes.

En Barranquilla, Cartagena y Santa Marta —en esta última está disparado el homicidio—, las mafias dedicadas al narcotráfico están utilizando sus puertos y la salida a mar abierto para ‘contaminar’ o cargar con drogas los contenedores de los barcos que salen hacia EE. UU. y Europa, actividad que no solo supone la corrupción de algunas autoridades, sino la organización de grupos delictivos que garantizan la seguridad de la operación en áreas circunvecinas a los puertos. Estas urbes también se están viendo afectadas por el incremento del microtráfico, los pagadiarios, la extorsión y la trata de personas para el turismo sexual. Así se podrían enumerar otras como Pereira, Cúcuta, Bucaramanga, que, digamos, padecen problemas similares.

Combatirlo requiere voluntad política, liderazgo del Presidente y los alcaldes, trabajo en equipo por varios años y organización y participación de las comunidades

Ante este tenebroso panorama, es necesario que el Gobierno Nacional, la Fiscalía, la Policía y demás autoridades, junto con los alcaldes de las capitales, diseñen y ejecuten planes integrales de intervención de los territorios en donde operan estas organizaciones. Tales planes deben tener un alto componente de inteligencia e investigación criminal para desarticular toda la estructura, la cadena productiva de los negocios ilícitos e identificar y expropiar los bienes y recursos de sus miembros. Para esto último se requiere el concurso de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) del Ministerio de Hacienda.

También, que haya un plan de prevención social de la violencia y la delincuencia: evitar que muchos jóvenes terminen en estas temibles organizaciones, y para lograr que algunos involucrados tengan alternativas de salida y de reinserción social y productiva.

Esta es una tarea inaplazable que requiere voluntad política, liderazgo del Presidente y los alcaldes, trabajo en equipo por varios años y organización y participación de las comunidades para que los logros puedan ser sostenibles en el tiempo. En este sentido ha avanzado Medellín, cuyo alcalde, Federico Gutiérrez, tomó la decisión de enfrentar las distintas organizaciones delictivas que operan en la ciudad y, junto con la Policía y la Fiscalía, ha logrado la captura de importantes cabecillas y miembros de estas redes. Aunque las cifras de violencia homicida han aumentado como respuesta al accionar de las autoridades, es necesario reconocer, como lo hacen los propios criminales, que los pasos dados amenazan seriamente el futuro de estas bandas.

Algo debe, por último, quedar muy claro: sin la participación y el liderazgo del Gobierno Nacional, a los alcaldes les queda muy difícil solucionar los graves problemas de inseguridad ciudadana que generan las estructuras delincuenciales. Que los candidatos tomen atenta nota.

EDITORIAL
editorial@eltiempo.com

MÁS EDITORIALES

Ya leíste los 800 artículos disponibles de este mes

Rompe los límites.

Aprovecha nuestro contenido digital
de forma ilimitada obteniendo el

70% de descuento.

¿Ya tienes una suscripción al impreso?

actívala

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.

CREA UNA CUENTA


¿Ya tienes cuenta? INGRESA