Editorial

Derecho, pero con deberes

La entrada en plena vigencia de la Ley Estatutaria de Salud es un reto de todos.

22 de febrero 2017 , 10:17 p.m.

Que la salud sea un derecho fundamental autónomo en un país que tiene a toda la población amparada por un seguro específico en este campo es, sin duda, uno de los logros sociales más relevantes de los últimos tiempos.

Aunque nadie niega que las grietas en el acceso, la calidad y –en este momento– las angustias financieras son bretes serios que ameritan soluciones urgentes, hay que decir que la entrada en plena vigencia –el viernes pasado– de la Ley Estatutaria, que elevó a la condición de fundamental este derecho, pone en la mira el quehacer de algunos actores de los cuales depende que este avance no transmute en un descalabro desolador.

Debe empezarse por los médicos, en cuyas manos quedó la chequera sectorial al recuperar su autonomía para ordenar, sin que medie autorización alguna, lo que necesiten sus pacientes. Es una valiosa conquista que, de no estar equilibrada con rigurosos códigos éticos y de autorregulación, puede convertirse en un peligroso bumerán contra la legitimidad y el prestigio de ese gremio.

Debe empezarse por los médicos, en cuyas manos quedó la chequera sectorial al recuperar su autonomía para ordenar lo que necesiten sus pacientes.

Al respecto, hay razones para inquietarse, porque estos valiosos profesionales, no obstante haber impulsado desde su seno la trascendental ley, en la que también incluyeron la autorregulación como un deber, han sido laxos en la génesis de acuerdos colectivos para que su ejercicio se mantenga en la ruta del insoslayable beneficio de sus pacientes y no de otros intereses. También, por el silencio que, por dos años, han mantenido ante la prohibición de recibir dádivas y prebendas de terceros que de manera expresa les hace la ley estatutaria.

Su condición de imprescindible les exige al cuerpo médico y a sus organizaciones, hoy más que nunca, retomar su rol protagónico dentro del sistema de salud en forma de propuestas concretas sobre modelos integrales de atención, ordenanzas de autorregulación, juntas académicas, tribunales de honor ético y compromisos públicos con la sociedad, de cuyo bienestar son garantes.

Los hospitales, por su parte, deben atender el llamado a organizarse en redes a favor de la gente, atenuar la inducción de demanda, fomentar procesos más eficientes y promover desenlaces favorables en términos sanitarios y no en la facturación, como ocurre con algunos. Mención especial merecen las farmacéuticas, los productores de insumos médicos y sus comerciantes, a quienes también les llegó la hora de demostrar que sus códigos de ética no están solo en el papel y que sus balances no están favorecidos por acciones indebidas contra los recursos del sistema.

Ni qué hablar de las EPS, cuya permanecía, en armonía con la nueva ley, queda sujeta a que se vuelquen de manera decidida a garantizar el derecho fundamental a la salud de sus afiliados y no a otra tarea.

Este es un reto de todos. Los pacientes deben entender que su derecho implica también deberes, los cuales empiezan por aportar, si tienen cómo hacerlo, y no esquilmar el sistema a punta de pedidos innecesarios y absurdos.

Y, por último, del Gobierno, el Legislativo y los entes judiciales, que tienen el inapelable cometido de demostrar que el Estado es capaz de garantizar un derecho social fundamental a su cargo (y no solo de Minsalud) sin que se arruine.editorial@eltiempo.com

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