Editorial

Editorial: Cruzada contra el hampa

Los poderes criminales se deben combatir en alianza entre Policía y ciudadanía.

12 de febrero 2017 , 12:13 a.m.

En video quedó registrado el momento en que taxistas enfurecidos destrozan un automotor en el que dos presuntos atracadores pretendían refugiarse de la turba que quería lincharlos. Ocurrió en Barranquilla hace pocas semanas. Más recientemente, en Cali, se filtró una conversación en la que el comandante de la Sijín le reclama a un subalterno por el incremento en el hurto de vehículos y los pocos resultados de la autoridad. “Voy a pensar que usted está con los bandidos”, le espetó el oficial.

Aún están frescas las imágenes del espectacular asalto, a plena luz del día, de un vehículo en marcha a manos de ladrones en moto, y del operativo desplegado por el Alcalde de Medellín para dar con los sujetos, mientras en Bogotá los medios llevan varios días con los ojos puestos en la seguidilla de atracos a los buses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

Si bien son temas mediáticos –y aquí hemos advertido del riesgo que para la seguridad entrañan noticias expuestas de manera sensacionalista y poco contextualizadas–, es inocultable que el robo de celulares y bicicletas, la extorsión, el asalto al comercio o la distribución de alucinógenos están entre las principales preocupaciones de la gente.

Los indicadores de las administraciones revelan, en general, una baja en los llamados delitos de alto impacto como el homicidio, que coincide con la del resto del país, donde la reducción fue del 8,8 por ciento en el 2016. En Bogotá, según fuentes oficiales, el descenso se ha dado en todos los indicadores, excepto en el robo de carros. No obstante, la victimización pasó del 20 al 32 por ciento, mientras que en la capital antioqueña llegó a 15; en Cartagena, a 24; y en Ibagué, a 20 por ciento.

La Red de Ciudades Cómo Vamos, en su más reciente encuesta de percepción, muestra que solo Manizales y Pereira registran una sensación de seguridad por encima del 50 por ciento, mientras que Medellín, Bucaramanga, Yumbo, Ibagué, Barranquilla y Cali apenas superan el 30 y el 40 por ciento, y Cartagena y Bogotá son las más críticas, con 15 y 14 por ciento, respectivamente.

El problema no solo impacta el ánimo y la tranquilidad de los ciudadanos, sino que ya varios alcaldes acusan el golpe en las encuestas de opinión, además de otros ítems.

Pero más allá de los indicadores, que suelen variar de una ciudad a otra y de una fuente a otra, los expertos destacan la fenomenología del delito urbano, la cual se expresa en los poderes criminales que se han venido enquistando peligrosamente en la sociedad. El primero de ellos es el incremento de bandas estructuradas que operan en territorios específicos, lo que ha llevado al Alcalde de Medellín, incluso, a pedir el acompañamiento del Ejército en ciertos puntos de la ciudad para hacerles frente; entre tanto, en Barranquilla el auge de pandillas ha dividido zonas enteras.

En segundo lugar está el ‘modus operandi’ de estos grupos, que diversifican su accionar casi que al mismo tiempo que las autoridades implementan nuevas estrategias para combatirlos. El narcomenudeo y sus redes de distribución han pasado a ser jugadores estratégicos del hampa organizada. En la capital se investiga si hay relación de estas redes con miembros de las llamadas barras bravas del fútbol.

No se trata de estigmatizar a las ciudades. Cada una hace esfuerzos por salvaguardar el bienestar de sus ciudadanos: incrementan presupuestos, policías y cámaras en las calles, adelantan campañas, llevan a cabo operativos que conducen al desvertebramiento de estructuras antisociales. Y todo eso está bien. Pero no es suficiente, a juicio de conocedores de estos asuntos en cuya opinión se requieren estrategias para focalizar mejor el delito, un manejo de la información veraz y oportuno, que facilite la denuncia del ciudadano y no que se convierta en otro obstáculo a la hora de reclamar justicia; hay que mirar con mayor atención el fenómeno del pandillismo, sus causas y efectos.

Cuando la ciudad ha pasado a ser el eje de la vida del ser humano y la dinámica de los procesos urbanos está a la orden del día, el reto para los gobiernos locales es mayor. Sus esfuerzos deben enfocarse en estrategias innovadoras, acordes con esa nueva realidad de grupos sociales que comparten un mismo espacio pero a los que no los atan un pasado común, una historia, una misma cultura. Hay que recuperar el sentido de pertenencia en la ciudad, el barrio, el entorno. Y eso solo se consigue convocando a la gente a hacer frente común contra la delincuencia, porque nos afecta a todos.

El nuevo Código de Policía constituye una herramienta valiosa como elemento sancionatorio, pero también puede ser un mecanismo disuasivo que facilite la reconstrucción de lazos entre una policía que genera confianza y un ciudadano dispuesto a hacer parte de la solución. Esta es la mejor alianza posible, dadas las circunstancias.

editorial@eltiempo.com.co

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