Editorial

Corruptos tras las rejas

Fiscalía acierta al exigir que quienes están en procesos por corrupción no gocen de privilegios.

19 de abril 2017 , 12:00 a.m.

Acierta la Fiscalía en su pretensión de que aquellas personas privadas de la libertad por su participación en episodios de corrupción permanezcan en centros carcelarios.

Con el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, a la cabeza, esta entidad ha empezado a solicitar que sean conducidos a cárceles personajes ya condenados, como el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno –hoy en la estación de Carabineros, ubicada en el parque Nacional–, y sindicados, como el contratista Andrés Jaramillo, cobijado con medida de aseguramiento en el marco del escándalo del ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá.

Que los responsables de haber violado la ley apropiándose indebidamente de recursos públicos purguen su condena de una manera privilegiada es algo que la opinión está cada vez menos dispuesta a tolerar.

Desde que la justicia comenzó a actuar sobre funcionarios y exfuncionarios inescrupulosos, estos han ido a parar a instalaciones que, como el Centro de Estudios Superiores de la Policía, estaciones de esta misma institución y batallones del Ejército, no fueron construidas para tal fin. Ello viene ocurriendo desde hace muchas décadas y en casos tan sensibles como lo fue el llamado proceso 8.000.

Desde que la justicia comenzó a actuar sobre funcionarios inescrupulosos, estos han ido a parar a instalaciones que no fueron construidas para tal fin.

No es la idea, conviene aclararlo, exigir para ellos una reclusión indigna como la que, también hay que decirlo, padecen miles de reclusos en el país. Sí sería deseable que todos los internos tuvieran idénticas condiciones en las prisiones: siempre respetuosas de la dignidad humana.

Dicho lo anterior, hay que hacer énfasis en que el asunto aquí es lo inaceptable que resulta que los citados privilegios, salvo contadas excepciones, no tienen sustento legal. Peor aún, se basan, tal vez, en añejas creencias heredadas, incluso de tiempos coloniales, según las cuales ocupar ciertas posiciones de poder significa también un ejercicio diferenciado de la ciudadanía. Así se les da la razón a cuantos insisten en que “la ley es para los de ruana”.

Lo mínimo, entonces, es que quienes no tienen un argumento basado en la ley para solicitar condiciones especiales de reclusión y han cometido delitos gravísimos, como apropiarse indebidamente de lo que es de todos, paguen su pena en lugares construidos para tal fin. Es decir, tras las rejas.

Esto tampoco debe interpretarse como un llamado a que cesen modalidades de reclusión amparadas por la ley. Sí debe, en cambio, asumirse como un respaldo a quienes, comenzando por la Fiscalía, han entendido que esta sociedad está cada vez menos dispuesta a admitir que existan, sin justificación, distintos raseros a la hora de acudir a los estrados.

Se trata de construir igualdad, además de reforzar el mensaje de que esquilmar el erario tiene castigo. Ni presentación ni justificación tiene que los responsables de estos hechos paguen sus condenas en condiciones muy distintas de las del resto de la población carcelaria del país, incluso de las de quien se roba un caldo de gallina. Cuando un juez ordena que un exfuncionario o un contratista corrupto sean conducidos a un centro carcelario, está enviando el necesario recordatorio de que somos iguales ante la ley.

editorial@eltiempo.com

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