Editorial

Contrato en estado crítico

Es inaceptable que el hospital La Samaritana no responda por sus unidades de cuidados intensivos.

03 de agosto 2016 , 08:25 p.m.

Inaceptable resulta saber que el hospital de La Samaritana, el único de tercero y cuarto nivel de la red pública del departamento de Cundinamarca, no responda por sus unidades de cuidados intensivos (UCI) –una exigencia mínima para un centro asistencial de esa categoría– y haya entregado una de ellas a un operador particular en condiciones que, a juicio de la Contraloría Departamental, atentan contra los pacientes y la entidad y que, al parecer, también favorecen intereses de particulares cuestionados.

Aunque las finanzas de la salud a todo nivel son escasas y en este sector son bienvenidos los aportes y la participación del sector privado, esto no justifica, desde ningún punto de vista, que las evidentes angustias económicas de La Samaritana amparen alianzas con empresas o firmas vinculadas con personas que tienen graves antecedentes judiciales, como parece que existen en el actual operador de la UCI de dicho centro asistencial.

No hay derecho a que detrás de la Fundación Integral para la Salud y la Educación Comunitaria (Finsema), a la que se le entregó, bajo una figura jurídica dudosa que investiga la Contraloría, la operación de las 10 camas de una UCI moderna y bien dotada, se encuentre el nombre del político santandereano Luis Alberto Gil, quien purgó siete años de prisión por ‘parapolítica’ y que dicho negocio termine beneficiando de manera desproporcionada a dicha fundación “sin ánimo de lucro”.

Aquí no cabe ninguna excusa y ya es hora de poner las cosas en claro frente a la inconveniente figura de la ‘tercerización’ de las actividades misionales en las entidades de salud que terminan como, en este caso, aumentando la percepción de que lo que se beneficia es el saqueo y no la atención adecuada a los enfermos.

Si bien las directivas de La Samaritana en un comunicado han salido a desvirtuar los hallazgos de la Contraloría Departamental y a defender la transparencia del contrato con Finsema, lo cierto es que por encima de sus argumentos está su obligación de velar por la adecuada atención de la población y eso incluye que sus socios y sus procesos no estén relacionados u opacados por sombras dolosas. Esto también es parte de la calidad que dicen proyectar.


editorial@eltiempo.com

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