Editorial

Claridad sobre Tumaco

Las denuncias de la población merecen una mejor respuesta de las autoridades.

08 de mayo 2018 , 12:00 a.m.

Gracias a las alianzas de la Fuerza Pública con alcaldes y gobernadores, el país ha logrado una disminución histórica de sus índices de homicidio en la última década. Y el trabajo conjunto de la Policía, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada también tiene acorralado al ‘clan del Golfo’, a tal punto que varios de sus cabecillas están listos para entregarse. Por eso, lo que menos se necesita en estos momentos es ver enfrentadas a autoridades e instituciones por denuncias y hechos que tienen en grave riesgo a pobladores de varias regiones.

Uno de esos casos es el de Tumaco, Nariño, donde la delincuencia organizada obligó, incluso, a que en enero desembarcara un contingente de 2.000 uniformados para intentar recuperar la institucionalidad y la seguridad de sus más de 200.000 habitantes.

Un informe de la Procuraduría, revelado por EL TIEMPO, muestra la existencia de al menos siete casas usadas por hombres del disidente de las Farc alias Guacho y de las llamadas Guerrillas Unidas del Pacífico para la tortura y el desmembramiento de personas. Además de dominar las 25.000 hectáreas de coca y el manejo de narcorrutas, lo que buscan con estas prácticas es, a punta de terror, el control social en los 81 barrios del puerto, 22 de ellos ya bajo amenaza.

La reacción de algunas autoridades fue la de poner en entredicho la información suministrada por la propia población, que logró romper el miedo y hablar con el Ministerio Público. De hecho, luego de allanar 4 de los 81 barrios —Panamá, Buenos Aires, La Playa y El Pindo—, ya algunos han dicho que no se encontraron ni restos ni rastros de sangre.

Es urgente coordinar el trabajo para descartar o confirmar lo que las propias víctimas, con gran coraje, han denunciado.

Pero, según el informe de la Procuraduría, que ya está en manos de la Fiscalía, ninguna de las llamadas ‘casas de pique’ identificadas por los valientes pobladores está ubicada en los barrios hasta ahora allanados. Por eso es urgente coordinar el trabajo para descartar o confirmar lo que las propias víctimas les han contado en el terreno a funcionarios de la Procuraduría.

Los testimonios recogidos son desgarradores. La existencia de estos métodos y el supuesto subregistro de crímenes en ese puerto obligan a llegar a más consensos sobre cómo atacar esos fenómenos de violencia y a menos peleas, que solo contribuyen a invisibilizar la problemática.

Ahora les corresponde a las autoridades realizar labores de inteligencia conjunta e intercambio de información y no pretender que sean los pobladores los que vayan a señalar las casas del terror. Ese mecanismo es otra forma de revictimizarlos.

Ya en Buenaventura y el propio ‘Bronx’, centro de Bogotá, se encontró evidencia de esta práctica macabra. Es la misma que estaría de vuelta en una zona donde recientemente fueron acribillados tres periodistas ecuatorianos y está secuestrada una pareja de comerciantes.

Nada más peligroso para la democracia que un espectáculo de autoridades enfrentadas. Los ciudadanos lo que quieren es estar tranquilos y ver que, como lo establece la Constitución, son protegidos en su vida, bienes e integridad. Y esa es una deuda que el país tiene con Tumaco.

editorial@eltiempo.com

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