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Cámaras y justicia

El esfuerzo de más cámaras debe ir acompañado de la aplicación cierta de justicia, o será en vano.

Editorial .
No hay ciudad importante en el mundo que no esté recurriendo cada vez más a la instalación de cámaras de video en diferentes puntos para disuadir a los bandidos. Es una tendencia que sigue en aumento ante la amenaza terrorista y los brotes de violencia que han sucedido en tiempos recientes. Gracias a estos dispositivos, las autoridades han podido identificar delincuentes y esclarecer el modus operandi de bandas criminales en determinados sectores.
Desde el Gobierno Nacional, esta política ha arrojado frutos importantes. Pero la apuesta más osada corre por cuenta de Bogotá, la capital, que hoy ya suma 1.551 y aspira a dejar instaladas –al final del gobierno Peñalosa– 4.000 en toda la ciudad, esto es, un poco menos de la mitad de las que tiene Londres (10.500) y las mismas con las que hoy cuenta Nueva York.
Debe entenderse que este tipo de infraestructura es apenas un componente más con que cuentan los gobiernos para garantizar la integridad de las personas en la calle o en espacios de aglomeración; un medio válido en el que no hay que ahorrar esfuerzos ni recursos con tal de doblegar el delito callejero, el cual es el que más resiente la gente. Y la mejor manera de medir su efectividad es logrando que disminuyan fenómenos como el hurto a personas, el atraco, la extorsión o el fleteo y, por ende, generando una mayor percepción de seguridad. No es fácil, pero es el indicador lógico a la hora de implementar dicha tecnología. O al menos es lo que esperarían los ciudadanos de a pie.
Es verdad que son múltiples los ejemplos de delincuentes que han quedado registrados en las cámaras de seguridad, lo cual ha permitido su posterior identificación y captura. Y a ello también han contribuido las cámaras instaladas por los privados o los videos obtenidos por otros medios, como los celulares. Pero lo que no puede seguir ocurriendo es que dichos videos solo sirvan para la morbosidad mediática, para despertar indignación y miedo, y no para lo que realmente importa: el desvertebramiento del crimen y la generación de tranquilidad.
Y valga insistir aquí en que, por más que la ciudad se inunde de tecnología avanzada y cumpla su cometido de disuadir a los malhechores, sin una pronta justicia y la detención efectiva de los delincuentes, el esfuerzo será en vano. Este es un problema que sigue preocupando a las administraciones locales del país, pero en particular a las de Bogotá, que de nuevo ha vuelto a reclamar porque se deja libres a reconocidos atracadores poco después de ser detenidos por la policía.
Dos consideraciones finales: si, como se asegura, las cámaras son parte de un esquema que facilitará su interrelación con el C-4, es deseable que de allí surjan estrategias que abonen las labores de inteligencia y el análisis de información para propiciar una política pública de seguridad ciudadana más efectiva. Y, en segundo lugar, es fundamental que las zonas escogidas estén acordes con lo que reclama la gente, es decir que, además de sectores financieros, por ejemplo, también ejerza una estricta vigilancia en parques, zonas escolares y estaciones de transporte, sin llegar al extremo de invadir la privacidad de entidades o personas.
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