Editorial

Ajustes a la revocatoria

En Bogotá han primado la desinformación y argucias políticas a la hora de convocar a los ciudadanos.

07 de mayo 2017 , 02:03 a.m.

Desde que la Constitución instauró la figura de la revocatoria de los gobernantes en el país, decenas de intentos se han hecho para aplicarla en alcaldías y gobernaciones. Sin embargo, a la luz de los resultados, todas han terminado en fracaso. Actualmente cursa ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) un centenar de solicitudes en ese sentido, y es probable que corran la misma suerte.

Más que el mecanismo en sí, el fallo de las revocatorias obedece a los múltiples intereses que las inspiran, los argumentos que se esgrimen a la hora de promover el final de un mandato y porque cada vez más se convierten en tinglado para dirimir rencillas políticas locales.

En ese sentido, los ciudadanos tienen que tener claro que así como les asiste el derecho a pedir la revocatoria de un alcalde o gobernador, también han de saber que ese derecho debe estar sustentado en razones que evidencien el incumplimiento de los mandatarios con sus programas de gobierno. Infortunadamente, en el caso de Bogotá, donde se busca la salida del alcalde Enrique Peñalosa casi que desde su posesión, han primado la desinformación y las argucias políticas a la hora de convocar a los ciudadanos. Y eso es, precisamente, lo que evalúa el CNE para validar o no el proceso.

Peñalosa tiene un estilo de gobernar y un programa que claramente no comulga con el de sus antecesores. Ha asumido posiciones polémicas y ha adoptado medidas que no gozan de la simpatía de todos. Pero inferir de ahí que ha sido un mandatario irresponsable, que está obrando por fuera de la ley o que está violando su propio plan de gobierno, es absurdo e injusto. Pero es de allí de donde se nutren los promotores de su revocatoria.

Lo grave del asunto no son las inexactitudes que proliferan en las redes o en los argumentos expuestos por los comités, como asegurar que el burgomaestre acabará con los subsidios, que no hará el metro, que está atentando contra la salud o que redujo los cupos escolares. Lo preocupante es que la gente los crea sin un asomo de duda. Peñalosa es impopular, lo dicen las encuestas, y mucho. Asuntos como la seguridad y la movilidad siguen sin mostrar los cambios que la gente esperaba cuando lo eligió. Y a esto se suma un clima generalizado de pesimismo a nivel nacional que suele golpear con especial énfasis a la ciudad. Mientras las cosas sigan así, esa impopularidad no cederá. Lo saben sus opositores, y sacan provecho de ello. Pero tampoco es motivo suficiente para ponerle fin a su gestión.

Ese es, sin embargo, el estilo que caracteriza a una izquierda que busca a toda costa posicionarse en un tema tan taquillero como incierto: revocar al Alcalde de la capital, sin mayores argumentos y con la mira puesta en los réditos que se pueden obtener de cara a una elección presidencial en la que todas las vertientes tienen su candidato, incluyendo a quienes gobernaron la ciudad cuando se produjo el robo histórico por el ‘carrusel’ de contratos: el Polo Democrático. ¿Dónde estaban sus máximos representantes entonces? O aquellos a quienes cuando se les intentó revocar su mandato, inundaron la ciudad de tutelas y de cortapisas a los organismos electorales para impedir el avance del proceso. Pese a ello, ni entonces ni ahora avalamos la revocatoria porque seguimos creyendo que suele estar viciada de intereses personalistas.

Las premisas que se exhiben contra el Alcalde bien podrían zanjarse en el escenario correspondiente, el Concejo, donde, de hecho, se adelantaron 135 debates de control en el último semestre. Pero, por lo visto, aquí se quiere cambiar ese debate por una revocatoria interesada en generar un hecho político antes que propiciar un escenario de discusión alejado de toda sospecha.

Hace bien el CNE en que se aserie el proceso. Así como en años anteriores se cambiaron los umbrales para convocar una revocatoria y llevarla a efecto con menos firmas y menos votos, es menester que ahora se revisen las razones de fondo que las inspiran. Y para evitar que este mecanismo de participación ciudadana se siga usando de forma irresponsable y a costos elevados (200.000 millones valdrían las que están en curso), el CNE debería aplicar la póliza de seriedad a sus promotores.

Fue así, entre otros logros, como se consiguió que desapareciera de los tarjetones la fauna de candidatos que se presentaban a los comicios sin propuestas ni posibilidades de ganar.

Con razón los gremios, asociaciones de ciudadanos, voces independientes de la izquierda misma y concejales no afectos al Alcalde han levantado su voz en contra de la anulación de su mandato. Esgrimen, entre otras razones, la desinstitucionalización que se produciría en la ciudad y el costo para los bogotanos, que ya soportaron en el pasado la zozobra, el temor de los inversionistas, el pesimismo de la gente y la pérdida de rumbo de la ciudad. ¿Queremos repetir esa experiencia? Esa es la pregunta.

editorial@eltiempo.com.co

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