Editorial

Editorial: Actuar contra el fleteo

La proliferación de casos de esta modalidad delictiva obliga al Estado a una respuesta contundente.

27 de septiembre 2016 , 08:11 p.m.

Hay realidades cotidianas que no pueden, de ninguna manera, leerse únicamente a la luz de la teoría. Una de ellas es la del flagelo del fleteo, cuya cara más atroz vio el país en estos días a raíz de las brutales imágenes del homicidio de Yeison Méndez en Bogotá. Luego vino la radiografía: cada seis horas se denuncia un caso en el país.

Amenazas como esta, que se ubica en el mismo renglón de otras como la que encarnan los llamados rompevidrios, exigen de las autoridades una respuesta rápida, adecuada y efectiva, que transmita el mensaje a la gente de que hay instituciones que actúan para que la calle no le pertenezca al hampa.

Nos referíamos a las teorías, pues no son pocas las que recomiendan que la respuesta del Estado frente a los maleantes no puede estar subyugada a las coyunturas. Proceder así, advierten expertos, encarna un alto riesgo de ‘inflación judicial’, de incurrir en ‘populismo penal’, denominaciones para cuando se aumentan las penas sin ningún criterio distinto a la efervescencia de la opinión.

Y si bien en lo anterior hay mucho de verdad, es cierto también que un mensaje de contundencia y efectividad a partir de acciones y decisiones concretas, cuando una modalidad criminal está en auge, tiene una repercusión enorme en la percepción de la ciudadanía sobre qué tan seguro es el territorio que habita.

Hoy son muchos los colombianos que sienten temor cuando transitan las ciudades, y ni hablar de lo que se experimenta cuando se acude a una sucursal bancaria a efectuar un retiro de dinero en efectivo.

Ante esta realidad, hace falta una respuesta que incluya acciones guiadas por una política clara y que permanezca en el tiempo. Esta, a propósito de la discusión de marras, no necesariamente debe llevar a un aumento de penas: bastaría con que las que existen se apliquen completas, con que se revisen los criterios bajo los cuales los jueces les conceden beneficios a delincuentes ya condenados por fleteo.

Ejemplo concreto de la urgencia de actuar en este sentido es el caso del asesino de Méndez, quien, según información de las autoridades, acababa de abandonar la cárcel luego de pagar las tres quintas partes de una condena por otro caso de fleteo, también en Bogotá.

Desde luego, no todo el esfuerzo ha de concentrarse en la acción penal. Los ciudadanos deben aportar lo suyo aceptando las medidas de seguridad que las entidades bancarias les ofrecen en estos casos. Estas, a su vez, no pueden bajar la guardia: tienen que mostrar tolerancia cero hacia posibles manzanas podridas que sirvan de cómplices a los delincuentes, y lograr una total sincronía de su infraestructura de seguridad con la de las autoridades.

De igual forma, mucho de lo que aquí se logre avanzar depende de las labores de inteligencia, de las disuasivas que consigan prevenir este tipo de hechos y del trabajo, codo a codo, que permita intercambiar experiencias entre las ciudades. Si una medida ha dado resultados en una, que se pruebe, por lo menos, en otras.

Estamos frente a redomados criminales, cuyo actuar amerita una dura notificación del Estado sobre lo inaceptable de su sevicia.editorial@eltiempo.com

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