Editorial

A propósito de Reficar

La Contraloría General abrió un proceso dentro del cual es clave establecer si existió dolo o no.

17 de marzo 2017 , 12:00 a.m.

Han pasado varios días desde cuando la Contraloría General informó sobre la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal por 6.080 millones de dólares en contra de miembros de la junta directiva y funcionarios de Ecopetrol y Reficar, además de varias firmas contratistas. Según la entidad, en la construcción de la refinería de Cartagena, que entró en plena operación el año pasado, tuvo lugar un detrimento patrimonial de 17 billones de pesos, que, a primera vista, deberían salir de los bolsillos de los responsables de esa situación.

La noticia cayó como un bálsamo para el ciudadano de a pie, que siente que la corrupción nos desbordó hace rato, sin que nadie responda por ello. Expresiones de ‘por fin’ abundan en las redes sociales, pues la mayoría de la opinión está convencida de que en el montaje de la iniciativa industrial de mayor tamaño en la historia del país existieron múltiples abusos, comenzando por los venales.

Aunque es muy difícil que esa impresión cambie, hay que mirar la cuestión con cabeza fría. Es indiscutible que la Contraloría ha examinado con lupa el desarrollo de un emprendimiento cuyos primeros pasos se dieron en el 2004, cuando el Conpes definió la modernización de las instalaciones ubicadas en la capital de Bolívar como de “importancia estratégica”. La investigación realizada es un activo valioso a la hora de desenredar una madeja que tiene muchos nudos.

Para cualquier observador interesado es difícil entender cómo una obra que en abril del 2007 supuestamente costaba 2.229 millones de dólares acabó elevándose a 8.016 millones al final. Como si lo anterior fuera poco, el trabajo se terminó 27 meses después de lo planeado, un retraso que golpeó todavía más la rentabilidad prevista.

Si las pesquisas establecen que alguien se robó un dinero, el castigo debe ser implacable.

Una lectura de lo hecho por el ente de control pone en claro que el problema no tiene una explicación, sino varias. Aparte de que el socio mayoritario inicial le vendió su parte a Ecopetrol, dejó como herencia a una firma que no tenía experiencia en proyectos de esta envergadura, todo sin contar con la ingeniería detallada, indispensable para hacer un buen presupuesto. A esa cascada de errores se sumaron la redefinición del alcance de la iniciativa, la ola invernal y las malas relaciones laborales, incluida una huelga.

Cuando se mira hacia atrás, es fácil hacer juicios sobre los pasos seguidos. Pero un elemento clave es establecer si aquí hubo dolo, es decir, la voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud. Nada sugiere que eso haya ocurrido, fuera de la reclamación por 2.200 millones de dólares presentada en contra de la compañía CB&I en un tribunal de arbitramento que dará su veredicto en dos años.

En consecuencia, a la hora de decidir si abre un proceso formal contra las personas y sociedades mencionadas esta semana, la Contraloría está obligada a distinguir entre las acciones de buena fe y la intención de la trampa. Caer en la tentación de hacer populismo con multas exorbitantes puede generar consecuencias indeseables y excesos punitivos.

Sobra decir que si las pesquisas establecen que alguien se robó un dinero, el castigo debe ser implacable. Sin embargo, eso es muy distinto a generar expectativas que pueden acabarse incumpliendo.

editorial@eltiempo.com

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