Opinión

¡Gracias, Cajamarca!

La sola existencia de la minería legal no garantiza la desaparición de la ilegal.

29 de marzo 2017 , 04:57 p.m.

Tras la votación contra la explotación minera en Cajamarca, Tolima, se ha armado un debate que desnuda dos flagelos que se padecen no solo en esta zona del país, sino en muchos lugares de Colombia: la ausencia de Estado y la presencia de la corrupción.

Pese a que el arrasador ‘No’ en dicha consulta es un salvavidas para las fuentes de agua, la vegetación y el medio ambiente, luego de conocerse los resultados muchos personajes han planteado un debate erróneo, que no va dirigido a la pepa del asunto que se planteaba en la votación, sino que más bien parece un intento por desviar la discusión.

En este sentido, me sorprendió oír en varias entrevistas radiales al ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, quien, en vez de asumir una posición clara en defensa del medio ambiente, acudió a frases vagas que dejaban traslucir más un compromiso con el sector minero que con el tema medioambiental; como si estuviera en el despacho equivocado.

Y si estas reacciones me causaron inquietud, más me llamaron la atención los argumentos de quienes se declaran ‘desconcertados’ por lo ocurrido en Cajamarca. Algunos dicen que con esa consulta se le da luz verde a la ilegalidad, como si el desarrollo de la minería legal se reflejara en la disminución de la ilegal.

Aunque la minería ilegal no le aporta mucho al desarrollo del país, lo paradójico es que en el ámbito legal la situación no es muy distinta.

Con la agricultura postrada, varios gobiernos han querido convertir a Colombia en potencia minera y, pese a los centenares de licencias de explotación otorgadas en tiempos recientes, lo cierto es que a la par con el incremento de la actividad legal, la minería ilegal ha prosperado más todavía. De hecho, en un informe de enero de 2011 de la Procuraduría General de la Nación, se advierte que “la minería ilegal, entendida como aquella que rehúye y no se somete a las reglas establecidas por el Estado, constituye un inmenso porcentaje de las explotaciones que se realizan”.

En otras palabras, así como la venta de discos en tiendas físicas o en plataformas digitales no ha hecho desaparecer la piratería de la música, la existencia de la minería formal no garantiza per se la disminución de la actividad ilegal en ese sector. Y el Estado, en vez de llorar junto a los grandes empresarios mineros, lo que tiene que hacer es perseguir y sancionar toda actividad que se desarrolle al margen de la ley...

Aunque es obvio que al actuar en la clandestinidad quienes se dedican a la explotación ilegal de minerales no le aportan mucho al desarrollo del país, lo paradójico es que en el ámbito legal la situación no es muy distinta. De acuerdo con un informe sobre el tema, presentado por la Contraloría General en 2014 y reseñado en este periódico, “la calidad de vida de la población de las zonas de explotación de minerales no solo no mejoró, sino que, en la mayoría de los casos, vio consolidar su retraso en contraste con otras regiones”. Y conste que se trata de zonas donde se pagan regalías, dentro de las cuales uno podría citar regiones como La Guajira, el Chocó o Casanare.

Por otra parte, esos ‘ciudadanos preocupados’ afirman que lo ocurrido en el Tolima atenta contra la confianza inversionista y la seguridad jurídica, afirmación que se cae por su propio peso. Una cosa distinta es que pueda ahuyentar del país a potenciales inversionistas extranjeros del sector, pero ese es otro tema. Además, la experiencia nos está enseñando que en algunos casos darle carta blanca a la inversión extranjera, sin ejercer controles y sin buenas prácticas de gobierno, puede conducirnos a fiascos como los de Odebrecht o Reficar, que bastante caros nos están saliendo.

A lo mejor ahora, cuando empieza a afianzarse la paz y a mejorarse la infraestructura en el país, va siendo hora de que sigamos el ejemplo de Costa Rica y pensemos en otras fuentes de ingresos, como el ecoturismo responsable.

VLADDO

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