Opinión

¿No pudo hacer una terna?

La Suprema está ferozmente dividida entre magistrados retirados o en ejercicio afectos a Ordóñez.

22 de julio 2017 , 12:00 a.m.

Apuesto, doble contra sencillo, a que cuando la Carta del 91 creó la Corte Constitucional y estableció su forma de integración, nadie medianamente sensato pudo imaginar que alguna de las tres autoridades postulantes para ese efecto (Presidente, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado) fuera inferior a semejante compromiso. Menos aun que la más alta instancia de la justicia ordinaria llegaría a atravesarse, a punta de omisiones perversas, como auténtica yegua muerta, en la marcha institucional del Estado, la cual debe salvaguardar, en sus fundamentos jurídicos y políticos, aquella jurisdicción superior.

Pues, con ocasión de la imposibilidad en que, después de largos meses y numerosos intentos, se ha visto la Suprema para elaborar la terna que falta para integrar en propiedad la Constitucional, véase primero cómo define el Diccionario de la lengua española el término ‘porfiar’ en sus tres acepciones: “1. Discutir obstinadamente y con tenacidad. 2. Importunar repetidamente con el fin de conseguir un propósito. 3. Intentar con tenacidad el logro de algo para lo que se encuentra resistencia”.

Si la porfía con que la Suprema insiste en ternar a Castañeda sale avante, la ‘confirmación’ de su elección generaría suficiente
y sólida argumentación para acudir a una anulación

Tal cual: con esos antecedentes, aparte de los numerosos escándalos desatados últimamente en los distintos niveles de la Rama, la corrupción enseñoreada con cinismo en despachos de magistrados y jueces, la desvergonzada influencia que siguen ejerciendo en los destinos de la cúpula judicial antiguos funcionarios suyos y la conducta antiética con que otros más continúan figurando, con alta voz y socorrida presunción de inocencia, en elevadas instancias, revestiría candidez mayúscula guardar silencio por más tiempo sobre cuáles son las causas determinantes de que la Suprema no haya cumplido (ni vaya a cumplir como es debido) la sagrada obligación de ternar candidatos para el último escaño en la Constitucional.

En mi opinión, son estas: 1) La Suprema está ferozmente dividida entre magistrados retirados o en ejercicio afectos al exprocurador Alejandro Ordóñez, de tan controvertido desempeño y obligado retiro, y quienes han optado por rescatar el prestigio institucional de esa superioridad con la ley, no con amiguismo, poder abusivo, sectarismo ni discriminación. 2) La exviceprocuradora Marta Castañeda, reemplazo interino de Ordóñez durante cuatro meses, habría actuado con idéntico equivocado criterio, y, según se oye en despachos, pasillos y calle, habría dado buena tajada burocrática a magistrados de la Suprema para asegurar su postulación y, en idéntica medida, a senadores en número bastante para asegurar su elección. 3) Como incluir a Castañeda en la terna es punto de honor para sus deudores, y para sus contradictores ese punto es excluirla, el resultado son tablas: ¡nada!

Pero si, como cité, la porfía con que la Suprema insiste en ternar a Castañeda sale avante en vez de considerar (según lo sugirió Rodrigo Uprimny) la ampliación de la lista de aspirantes donde figuran juristas de reconocidas calidades y gran prestigio profesional, la ‘confirmación’ de su elección generaría, ¡obvio!, no solo más desprestigio para el Senado y mayor desconfianza de la sociedad en la hoy descaecida Suprema, sino suficiente y sólida argumentación para acudir ante el Contencioso en procura de anulación.

¿Y todo ese bochorno olvidando que, como Castañeda, los otros más probables ternados (Ardila y Ruiz) no son tampoco juristas de excepcionales méritos, condiciones y trayectoria tales que deban llegar a la Constitucional con muchos más requisitos que los básicos dispuestos en la Carta? ¿O surgiría como viable devolver esa terna? Todo fuere, salvo más largas al asunto.

VÍCTOR MANUEL RUIZ
vimaruiz@hotmail.com

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