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Culpar al porvenir

Colombia sabe muy bien que más coca es más muerte. Y los críticos del acuerdo lo advertimos.

Thierry Ways
Hay ciertas cosas que hay que ver para creer. Una de ellas es la sinuosa sugerencia, de Gustavo Petro y no pocos de sus seguidores, de que el aún inexistente gobierno de Iván Duque tiene alguna responsabilidad en las muertes de líderes sociales que han consternado al país en los últimos días.

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Según esta narrativa –hábilmente diseccionada por La Silla Vacía–, los asesinos se sentirían “empoderados” para cometer sus crímenes gracias a la llegada del nuevo gobierno.
La tesis, además de irresponsable, es descabellada. Por una simple razón: porque la violencia contra líderes sociales comienza a incrementarse al menos desde 2016, mucho antes de que Duque fuera siquiera precandidato presidencial. Eso lo sabe todo el mundo, en particular la izquierda, que viene denunciando esos delitos desde entonces. ¿Por qué ignorarlo ahora deliberadamente?
La explicación está en la causa de los crímenes. Tanto la Defensoría del Pueblo como la prensa y las autoridades coinciden en que el narcotráfico y la minería ilegal son los principales factores de violencia contra los líderes comunitarios. Ojo: no quiero decir con eso que las víctimas fueran cómplices de esas actividades. Una táctica de la izquierda en este debate ha sido acusar de ofender la memoria de las víctimas a quienes no comparten la tesis de que detrás de los asesinatos hay un oscuro complot de la derecha. No es mi caso: tengo claro que muchas víctimas lo fueron precisamente por oponerse a los grupos ilegales que actúan en su territorio. Decir que detrás de una muerte está el narcotráfico no equivale a decir que la víctima era narcotraficante.

El desmadre del narcotráfico es el peligroso precio de la paz. Y ese precio lo están pagando, con sus vidas, los colombianos más vulnerables.

Volviendo al punto, las investigaciones indican que, en la mayoría de los casos, los disparos y las amenazas provienen de las mafias regionales que controlan el negocio de la minería y, sobre todo, el de la coca. Y eso es lo que explica que Petro y la izquierda quieran encontrar, absurdamente, un extemporáneo chivo expiatorio en el gobierno entrante. Sin esa excusa, tendrían que hacerse un incómodo examen de conciencia y reconocer que esta agudización de la violencia es, en gran medida, consecuencia directa del acuerdo con las Farc, que ellos respaldaron.
Colombia sabe muy bien que más coca es más muerte. Y los críticos del acuerdo advertimos hasta volvernos antipáticos, y asumiendo que nos llamaran ‘guerreristas’ y sanguinarios, que la tolerancia con el narcotráfico como ‘delito conexo’ al político y la lenidad en la erradicación de cultivos ilícitos dispararían la producción de coca en el país.
Así ocurrió. Lo dicen los satélites que miden el incremento del área sembrada, que se ha cuadruplicado en cuatro años. Y lo dice el propio gobierno que firmó la negociación, que reconoció el año pasado, a través de la canciller Holguín, que el acuerdo contribuyó a la explosión de hectáreas de coca.
El desmadre del narcotráfico es el peligroso precio de la paz. No puede decirse que haya sido una consecuencia imprevista, pues fue uno de los reparos que con más insistencia se le hicieron al acuerdo. Y ese precio lo están pagando, con sus vidas, los colombianos más vulnerables.
Para enfrentar un fenómeno criminal, lo principal es entender sus causas, pero para el petrismo y parte de la izquierda es más fácil culpar al próximo presidente que reconocer esas causas en el proyecto que apoyaron. No por explicable deja de ser insólito. Sabemos de casos extremos de negacionismo histórico, como el de quienes dicen que el Holocausto judío nunca ocurrió o que el alunizaje del Apolo 11 fue rodado en un estudio de Hollywood. Lo que nunca habíamos visto, ni siquiera en la saga de ciencia ficción Volver al futuro, es que se pretenda culpar al porvenir de algo que está pasando en el presente.
THIERRY WAYS
tde@thierryw.net
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