Opinión

Lenguas corruptas

El alcalde Gutiérrez ha dicho que cree en su secretario acusado. Y yo creo en el Alcalde.

20 de julio 2017 , 12:00 a.m.

No habían pasado unas horas desde la acusación de la Fiscalía al secretario de Seguridad de la Alcaldía de Medellín, Gustavo Villegas, sobre presunto favorecimiento a algunas bandas criminales de Medellín cuando recibí en mi celular mensajes como este con el alcalde Federico Gutiérrez, quien tenía a este funcionario como su principal soldado en su lucha contra la criminalidad: “… Federico todos los días se sentaba con su mano derecha, el señor Villegas, aliado de los ‘paracos’ narcotraficantes de la oficina de Envigado, a hablar de seguridad en la ciudad. Alcalde, renuncie, asuma su responsabilidad política…”.

Este mensaje me indignó, no solo porque conozco de la integridad moral del alcalde y de su trabajo transparente y de cara a la gente, en su empeño por recobrar la seguridad de la ciudad que gobierna, sino porque considero que son lenguas corruptas las que prejuzgan, acusan, hacen juicios exprés y condenan públicamente, sin que medien siquiera los primeros pasos de un debido proceso. Eso también es corrupción, y de la peor, es pescar en río revuelto, muchas veces en beneficio propio o de un grupo, arrasando con la vida y la honra de personas. Y en ese juego macabro están cayendo las redes sociales, sirviendo a intereses turbios.

El alcalde Gutiérrez ha dicho que cree en su secretario acusado. Yo creo en el alcalde y, como muchos ciudadanos, me pregunto cuántos intereses de todo tipo hay detrás de unas acusaciones que condenan a la cárcel, como si fuera un peligro para la sociedad, a un funcionario que trabaja en un asunto altamente peligroso, en el filo de la navaja y expuesto a toda clase de artimañas, en un país donde la corrupción lo ha permeado todo y en el que la campaña política en curso, dividida en dos bandos opuestos, da para todo. Al menos ante este caso, mientras se aclara la situación, debe haber la debida prudencia en las palabras.

Con una justicia politizada y una corrupción campeante, hay que ser extremadamente cautelosos en lo que se dice y se hace

En el contexto de estas denuncias de la Fiscalía General de la Nación, llega para la entidad un llamado de atención de la Fundación Transparencia por Colombia, dado a conocer por los medios de comunicación este 11 de julio, en el cual se pide a la entidad fortalecer los controles de selección de personal y seguimiento de su gestión, además de destacar la importancia de enfrentar los fallos estructurales de esta. En un artículo de EL TIEMPO del 26 de abril último se dijo: “De acuerdo con el informe de Transparencia, la gran mayoría de las entidades del Estado, a nivel nacional, departamental y local, fueron clasificadas en riesgo de corrupción ‘alto’ y ‘muy alto’.

Y la prueba es que en este rango quedaron el 60 por ciento de las 28 alcaldías evaluadas, el 50 por ciento de las 32 contralorías departamentales, el 40 por ciento de las gobernaciones y el 19 por ciento de las entidades nacionales (a mayor puntaje sobre 100, menor el riesgo de corrupción). Y, de acuerdo con la evaluación de Transparencia, de las entidades analizadas, la que tiene el riesgo más alto de corrupción es la Unidad de Información y Análisis Financiero con 47,5 puntos. Le sigue en el ‘ranking’ de mayor riesgo la Fiscalía General con 50,9 puntos, y ninguna de las entidades evaluadas clasificó en el nivel bajo de riesgo de corrupción… El país ha avanzado en normas, pero las prácticas políticas y administrativas no han cambiado”.

También en EL TIEMPO, el 6 de abril se citó además un conversatorio entre el fiscal Néstor Humberto Martínez, el procurador Fernando Carrillo y el contralor Edgardo Maya, con el director de este diario, Roberto Pombo, en el que el primero dice: “Nadie puede levantar la mano ni nadie puede tirar la primera piedra, la corrupción se expresa como un fenómeno que ha venido contaminando todos los sectores de la vida pública y privada”.

En síntesis, con una justicia politizada y una corrupción campeante, hay que ser extremadamente cautelosos en lo que se dice y se hace, en la forma como se juzga a los ciudadanos y en la credibilidad de los testigos. La figura del ciudadano Húbiz Jazbún, acusado de asesinar a Galán y preso injustamente, en un proceso con “múltiples irregularidades”, como lo reconoció la Fiscalía, debería convertirse en una esfinge colocada en la plaza de Bolívar que nos recuerde a todos los colombianos que si no recuperamos el fundamento ético en cada individuo, en el hogar, en la universidad y en el escenario laboral, este país sería invivible porque una espada pende sobre la cabeza de cada ciudadano. A la familia de Húbiz se le indemnizó cuando él ya había muerto. Pero ningún dinero repara la honra ni devuelve la vida a un inocente.

Cito al Consejo de Estado en su fallo por este caso: “De los máximos responsables de los principales organismos de seguridad, inteligencia e investigación del Estado, para la época de los hechos no podían esperarse, ni exigirse, sino actuaciones ponderadas, extremadamente prudentes y particularmente cuidadosas…”.

Que así sea.

SONIA GÓMEZ GÓMEZ

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