Opinión

¿Solo tres meses?

Imposible que en tan poco tiempo pongan en marcha mecanismos que lo hagan viable y verificable.

29 de julio 2017 , 12:00 a.m.

Decisivo sería que esta tercera ronda de diálogo de la mesa del Gobierno y el Eln, que arrancó el 24 de julio en Quito, concrete un cese bilateral del fuego y de las hostilidades para cuando llegue el papa Francisco, a comienzos de septiembre.

Desde el Eln se dice que el cese sería solo de tres meses. Imposible que en tan poco tiempo pongan en marcha mecanismos que lo hagan viable y verificable. Un plazo más amplio haría avanzar la negociación hasta concretar el final de la confrontación armada, y así esa tregua podría ser irreversible. Solo así contribuirían a sacar definitivamente la violencia de la política y a enfrentar los problemas estructurales que la han alimentado.

Un plazo más amplio permitiría que ambas partes avancen en programas de desminado, desvinculación de menores, mejoramiento de las condiciones de los presos, etc., y concreten una ruta para que la negociación sea efectivamente acompañada por la sociedad civil. Un cese del fuego de solo tres meses no hace posible un proceso participativo con la construcción de propuestas sobre problemas regionales, política minero-energética, democracia local y nacional, etc., en especial desde las zonas más afectadas por la guerra.

Ojalá el Eln se decida de una vez por todas a liberar las zonas donde actúan –en especial las cercanas a Venezuela, Ecuador y Panamá– de redes ilegales

Justamente, las comunidades del bajo Atrato-Darién acaban de llamar a la mesa a dar muestras de compromiso con la paz concretando acciones que se reflejen en su territorio: “Hemos sufrido mucho, hemos llorado mucho tanto atropello y tanta barbarie; anhelamos una vida en paz, con oportunidades y respeto por nuestro territorio”... “Para participar requerimos garantías de seguridad, el Gobierno debe controlar los grupos ilegales y el Eln debe comprometerse en no continuar el minado, el reclutamiento de nuestros jóvenes y a respetar a las organizaciones comunitarias”.

El Estado está en la obligación de hacer todos los esfuerzos necesarios para desmantelar redes que intimidan y asesinan líderes sociales y de derechos humanos, exguerrilleros y sus familias. El Eln tiene que poner fin a la violencia que ejerce contra la sociedad a través de secuestros y extorsiones, hostigamiento a comunidades, minado de territorios, daños ambientales y económicos producidos por las voladuras de oleoductos e infraestructura energética.

Si además el Estado se empeña a fondo en cimentar una presencia integral en todo el territorio nacional y en hacerles frente a problemas agrarios y de drogas que impiden el desarrollo en zonas marginadas, tendrá más argumentos para convencer al Eln de la necesidad de no desperdiciar esta oportunidad para construir una paz completa y duradera.

El Eln no puede exigir la participación social para fortalecer la negociación y al mismo tiempo seguir empeñado en copar militarmente espacios que antes se disputó con las Farc o tratando en otros de ampliar su presencia armada. Así solo continuará afectando las comunidades y sometiéndolas a los grupos criminales con los que el mismo Eln se disputa el control territorial, así como a sus economías y regulaciones ilegales. Miren, si no, los costos que está pagando la población civil en Arauca y Norte de Santander, o en regiones donde está intentando expandirse, como Tumaco, el norte del Cauca, Antioquia, el Chocó.

Ojalá el Eln se decida de una vez por todas a liberar las zonas donde actúan –en especial las cercanas a Venezuela, Ecuador y Panamá– de redes ilegales y tráficos ilícitos de gasolina, drogas, armas, explosivos, ganado, maderas, etc., y a abandonar por fin la acción armada para concentrarse en la lucha social y política. Que el Papa alcance a ser testigo no de una tregua fugaz, sino de un serio compromiso con el fin de un levantamiento que solo ha logrado bloquear los cambios que Colombia requiere con urgencia.

SOCORRO RAMÍREZ

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