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Horas decisivas

Maduro, además de reprimir manifestaciones, trata de desestimular el voto y paralizar la oposición.

Socorro Ramírez
Los venezolanos viven una de las mayores encrucijadas de su historia. Los debates sobre el carácter del régimen y sus alternativas son tan intensos como decisivos.
Sin haber recurrido a una consulta popular, la Asamblea Constituyente (AC) arrancó con una “manipulación de votos”, como la llamó la empresa que controla la automatización del sistema electoral. El Consejo Electoral cambió a conveniencia del oficialismo el sistema de postulación de candidatos, flexibilizó o eliminó controles y sistemas de seguridad y, sin testigos independientes ni actas, dio una cifra de votos cercana a la máxima obtenida por Chávez y por encima de la consulta opositora contra esa AC.
Esta Asamblea no se limita a escribir una Constitución, sino que la modifica antes de que se apruebe la nueva Carta Magna. Funciona por dos años como poder de facto, absoluto e ilimitado, que asume las funciones del Estado y actúa como órgano de gobierno.
La AC busca perpetuar el régimen chavista consolidando la instrumentalización a su favor de los poderes Judicial, electoral y moral, que ya venía haciendo Maduro y llevó a la rebelión de la Fiscal. Acaba de decidir que regulará con efecto inmediato las competencias, el funcionamiento y la organización de los poderes públicos. Se esfuerza por anular la Asamblea Nacional (AN): ya le ocupa su sede, interfiere la entrada de los diputados y le usurpó funciones al remover a la fiscal y nombrarle sustituto, mientras magistrados elegidos por la AN para el Tribunal de Justicia son encarcelados o exiliados.

La Asamblea Constituyente no se limita a escribir una Constitución, sino que la modifica antes de que se apruebe la nueva
Carta Magna. Funciona por dos años como poder ‘de facto’, absoluto e ilimitado

Perpetuar el régimen profundiza el desmantelamiento del Estado democrático y de derecho. Implica imponer el poder comunal, recentralizar el Estado-partido suplantando alcaldías y gobernaciones. Supone controlar la sociedad, consolidar la intervención de los medios de comunicación e internet y destruir la autonomía de las organizaciones sociales. Incluye imponer un sistema electoral que termine de suprimir la competencia y alternancia para que los opositores no tengan posibilidades de ser elegidos y gobernar. Sabe que, con sufragio universal y libre, no ganaría ninguna elección.
En esa perspectiva, Maduro, además de reprimir las manifestaciones, trata de desestimular el voto y paralizar la oposición, la reacción social y la disidencia. El Poder Judicial destituye y encarcela alcaldes opositores porque no impidieron las protestas. El Consejo Electoral puso una fecha corta e inmediata –8 y 9 de agosto– de inscripción de partidos para las elecciones de 23 gobernadores y asambleas estatales que se realizarían el 10 de diciembre, un año después de su aplazamiento; y prohibió a la Mesa de Unidad Democrática (MUD) presentar candidaturas en siete estados, que incluyen los más poblados y donde ganó las parlamentarias. Ahora Cabello exige certificado de buena conducta a los candidatos opositores.
El debate entre los opositores ha sido fuerte. ¿Ir a esas elecciones sin garantías y sin una nueva autoridad electoral? Pero, si no participan, ¿se acaba de liquidar la vía electoral como salida pacífica de las crisis? Luego de no pocos forcejeos, la mayoría de la MUD aprobó que combinará la presión en la calle con la campaña para la elección de gobernadores. Sus partidos nacionales y regionales ya se inscribieron; ahora deben concretar candidaturas unitarias.
Los opositores ansían un pronto cambio. Su absoluta mayoría sigue aferrada a una resistencia pacífica, electoral y constitucional. Muchos tratan de superar una visión cortoplacista, construir una propuesta de país y unir la lucha por la democracia con la acción contra el hambre, frente a la crisis de la salud y los servicios, la inseguridad y violencia. Ojalá la presión internacional ayude a concretar una negociación.
SOCORRO RAMÍREZ
Socorro Ramírez
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