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Amenazas en el Caribe

Apremia un acuerdo, una negociación con Nicaragua y una más intensa cooperación en el Caribe.

Socorro Ramírez
Se acaba el plazo para que Colombia presente en la Corte de La Haya su contramemoria a la tercera demanda de Nicaragua, que busca extender aún más su plataforma continental.
A la primera demanda, de diciembre de 2001, el gobierno de la época respondió con argumentos jurídicos e históricos, pero no mostró que estaba en juego la sobrevivencia de una comunidad insular que protegía su ‘maritorio’ al haberlo convertido en reserva Seaflower. Alguna información se suministró en las islas, pero no se involucró a los raizales en los argumentos ni en el equipo que actuó en La Haya.
Solo después del fallo adverso en 2012, y ante las dos nuevas demandas de Nicaragua, la defensa ha sido más proactiva. Ha mostrado los problemas generados por la fragmentación del archipiélago, la afectación de los derechos históricos raizales de pesca y la urgencia de preservar la reserva de la biosfera. Pidió una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el impacto de megaproyectos en la zona. Seis profesionales raizales han participado en el diseño de la defensa, y el equipo oficial ha presentado informes en San Andrés.
En las islas hay temor a una campaña electoral polarizada que utilice este delicado tema. De hecho, acaba de estar en San Andrés el expresidente que tuvo en sus manos la primera demanda durante más tiempo y exige ahora no comparecer en La Haya, sin importar qué pase con los derechos del pueblo raizal. Temen también que se paralice o se desvirtúe el proceso de concertación ya iniciado entre la comunidad local y el Gobierno Nacional sobre el Estatuto Raizal.

La presión insular logró que Colombia detuviera la exploración petrolera en esa zona, pero la división de la reserva por el fallo de La Haya ha multiplicado las amenazas

Desde las islas reclaman pronta solución a problemas institucionales, de convivencia, sobrepoblación e inseguridad, a los daños ambientales y sociales generados por un turismo depredador, a las basuras, la falta de agua y energía, problemas que el Plan Archipiélago no ha revertido. Urgen, pues, acuerdos entre el Gobierno y la comunidad que permitan elaborar alternativas de desarrollo sostenible y un ordenamiento ambiental integral que detenga la afectación de aguas, corales, islas, cayos y biodiversidad y proteja la reserva y su arrecife, el tercero más largo del mundo.
La presión insular logró que Colombia detuviera la exploración petrolera en esa zona, pero la división de la reserva por el fallo de La Haya ha multiplicado las amenazas. El Gobierno de Nicaragua abrió allí la exploración de petróleo y gas, y con esta tercera demanda quiere hacerlo dentro de la zona económica exclusiva de las islas y de la plataforma continental colombiana.
En los planes del canal interoceánico que Ortega entregó en concesión no figura la preservación del medioambiente, como lo demostró la Academia de Ciencias de Nicaragua. Su gobierno no suscribe el Acuerdo de París sobre cambio climático ni pone atención al fuerte movimiento campesino, que exige revertir la concesión por inconsulta y dañina, y denuncia el uso del canal para quitarles las tierras que por acuerdo con la empresa china pueden ser expropiadas, como se hace desde mayo de 2016 con un arriendo indefinido de tierras indígenas de la costa misquita.
Aunque debería estar terminado en 2020, el canal no ha avanzado. Esta demora ofrece un margen de reacción a todos los posibles afectados –muchos de ellos pertenecientes a la misma familia afro-anglo-caribeña que habita en Nicaragua, en el archipiélago colombiano, en Costa Rica, Honduras y en islas cercanas–. De lo contrario, el desastre lo pagarán las poblaciones costeras e insulares que dependen de la sostenibilidad integral de la reserva y de su convivencia armónica con el mar.
Apremian, entonces, el acuerdo isleño y nacional, una negociación con Nicaragua y una más intensa cooperación en el Caribe.
SOCORRO RAMÍREZ
Socorro Ramírez
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