Opinión

Abrir ventanas de esperanza

Es necesario darle a este drama una solución concertada entre los países implicados. Los migrantes forzados no son criminales. Son seres humanos presionados a huir de muchas miserias.

26 de agosto 2016 , 05:00 p.m.

Tanto el retorno de colombianos refugiados o exiliados como el ingreso de venezolanos que huyen de la crisis, y el paso irregular de migrantes hacia Estados Unidos, le plantean a Colombia retos formidables. El Estado está en mora de rehacer la política migratoria y de poner a funcionar la Comisión Nacional de Migraciones y la Mesa de Sociedad Civil, que pueden ayudar a hacerles frente a las complejas realidades actuales y a las que se avecinan. Es de esperar que el histórico fin de la guerra con las Farc permita al país abrir ventanas de esperanza para tanta tragedia humana.

En el 2015, Acnur calculó en 340.240 el número de colombianos que requerían protección en Ecuador, Venezuela y Panamá. Esta cifra representa el 91 por ciento de los desplazados. Ecuador es el mayor receptor, en el 2014 allí residían 121.317 desplazados, 57.060 con estatus de refugio; debido a dificultades económicas y al terremoto, las autoridades de ese país esperan que retornen a Colombia, y les inquieta que el 80 por ciento no lo quieran hacer. En la frontera con Venezuela, la crisis humanitaria de hace un año la produjo el cierre militarizado ordenado por Maduro; ahora el paso masivo de venezolanos presionó la reapertura gradual de puentes limítrofes, y crecerá con el agravamiento de las crisis en el país vecino. Y con el posacuerdo con las Farc, se incrementará el retorno voluntario de quienes tuvieron que salir huyendo, sobre todo hacia países vecinos.

Los retornos y los flujos migratorios y transfronterizos serán constantes. Para examinar esos retos acaba de sesionar el ‘Encuentro nacional de fronteras: migraciones forzadas y crisis humanitarias’ con organismos de la sociedad civil, gubernamentales e internacionales que se ocupan de la temática. Allí se mostró cómo los mayores problemas se concentran en las fronteras, las que requieren dispositivos para emergencias y soluciones duraderas que se articulen con la construcción de paz territorial y de convivencia entre población receptora, retornada, desmovilizada y migratoria.

A estas ingentes tareas se suma el drama de la migración irregular hacia Estados Unidos. El país del norte los atrae pero no les da visas, por lo que en su larga travesía se exponen a numerosos peligros, poniendo en riesgo su vida y asumiendo costos muy altos para pagar sobornos a autoridades civiles o militares y a traficantes que los someten a prostitución o a cargar droga. El cierre de la frontera panameña con Colombia acorraló a más de mil cubanos en Turbo. El Gobierno Nacional deportó a unos y les dio salvoconductos a la mayoría para una salida “voluntaria” cuya única posibilidad era cruzar el golfo o pasar del Urabá paisa al chocoano para que ‘coyotes’ los atravesaran por el tapón del Darién. Otros –enfermos, discapacitados o con niños– aún deambulan por Sapzurro.

Es necesario darle a este drama una solución concertada entre los países implicados. Ya hubo un diálogo entre gobiernos, sociedad civil y organismos internacionales que actualizó la política adoptada en 1984, con el proceso Cartagena+30, y llevó en diciembre del 2014 a la aprobación de la Declaración y el Plan de acción de Brasil, priorizando las fronteras solidarias y los derechos de los migrantes. Pero los gobiernos no lo aplican y sobreponen la seguridad estatal a los derechos humanos. Los países de origen callan. Los de tránsito tratan de defenderse militarizando las fronteras e ilegalizando y deportando migrantes, lo que los convierte en víctimas de la xenofobia y de los traficantes. Y cada país le traslada el problema a su vecino cerrando los pasos limítrofes formales. Los migrantes forzados no son criminales. Son seres humanos presionados a huir de muchas miserias, catástrofes y persecuciones.

Socorro Ramírez

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