Opinión

¡A desalambrar!

Por el bien de ambos países, la incierta transición venezolana y el polarizado posacuerdo colombiano exigen que el acercamiento binacional sea sólido.

12 de agosto 2016 , 07:42 p.m.

Por fin, Maduro ha dado la orden de empezar a quitar alambres de púas y tanquetas con los que cerró hace un año los pasos limítrofes, y acuerda con Santos su reapertura gradual y controlada.

Santos y Maduro acogen los acuerdos de las mesas de trabajo. Migración Colombia y su homólogo, el Saime, coordinarán la identificación de ciudadanos que residen en la frontera y la actividad que desarrollan para darles cédula fronteriza, y se hará un censo de carros y motos con placa venezolana en Colombia. La Dian y su homólogo, el Seniat, construyen un esquema conjunto anticontrabando que regula el tránsito de mercancías, topes y frecuencias de una cesta básica que las gentes de frontera podrán adquirir a uno u otro lado.

Los Mincomercio examinan formas de pago de productos colombianos de primera necesidad, y la venta de gasolina venezolana. Las fuerzas policiales y militares intercambiarán información y coordinarán acciones de control de 247 trochas y la amplia gama de ilícitos en la frontera, con el Centro Binacional contra el Crimen Organizado Transnacional.

Es interesante que los gobiernos retomen instrumentos como los contemplados por el estatuto fronterizo de 1942, posible entonces porque el tratado de límites terrestres acababa de resolver un litigio de cien años. El pacto estableció cédulas y permisos fronterizos para agricultores, pastores, vaqueros, propietarios, arrendatarios o aparceros vinculados a la explotación de fundos a uno y otro lado, y para estudiantes que, por distancia u otros inconvenientes, no pudieran acceder a la educación en su zona fronteriza; el estatuto reguló también usos de aguas y recursos ambientales, cooperación judicial y de seguridad.

En 1959, los cambios políticos en los dos países posibilitaron el Tratado de Tonchalá, que actualizó los permisos fronterizos y regularizó los flujos migratorios para que las gentes pudieran ejercer lícitamente su oficio y tener residencia legal. Así se logró la época de mayor estabilidad y cooperación binacional, que solucionó problemas comunes y logró integración. Estos instrumentos fueron eficaces entonces porque no equiparaban la ‘raya’ limítrofe con la frontera y regulaban la estrecha articulación fronteriza.

Los acuerdos de ahora son un buen inicio, pero falta enfrentar otros asuntos cruciales. La población necesita con urgencia que los dos gobiernos le ayuden a sustraerse de la irregularidad apostándole al desarrollo sostenible y a instituciones creíbles; la corrupción fortalece la criminalidad.

Urge retomar también lo avanzado en otros momentos, como lo logrado para la puesta en marcha de la Zona de Integración Fronteriza (ZIF), cuando sesionaron mesas de trabajo participativas no solo sobre los cuatro temas examinados esta semana (migración, comercio, aduanas y seguridad), sino sobre otras dimensiones cruciales, como cultura y educación, salud, agua y ambiente, infraestructura, turismo y transporte, economía y finanzas. La tensión entre Chávez y Uribe –desde el 21 de noviembre del 2007 hasta el 9 de agosto del 2010– destruyó ese esfuerzo, lo que fue aprovechado por la criminalidad.

La normalización fronteriza no es asunto solo de Bogotá y Caracas. Sin los actores locales no funciona. El alcalde de Cúcuta no ha podido manifestar sus dudas sobre la nueva cédula porque, dice, la ciudad fue marginada. Urge que gobernadores, alcaldes, gremios, universidades, iniciativas humanitarias y religiosas, todo lo organizado a ambos lados, puedan mejorar su capacidad propositiva y articuladora para llenar de contenido y sostenibilidad este nuevo intento de acercamiento.

Por el bien de ambos países, la incierta transición venezolana y el polarizado posacuerdo colombiano exigen que el acercamiento binacional sea sólido.


Socorro Ramírez

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