Opinión

Patadas de ahogado

Es alentador que la AN, la OEA y Unasur presionen al chavismo a restaurar el orden constitucional.

04 de abril 2017 , 12:00 a.m.

Ante el derrumbe del Estado de derecho en Venezuela y el desmoronamiento de la economía nacional, Nicolás Maduro da sus últimas patadas de ahogado.

Incapaz de satisfacer las necesidades básicas de su pueblo, ha tenido que suplicar a Naciones Unidas que le suministre medicamentos. Buscando distraer la atención de los problemas del país, hace poco mandó un destacamento de 60 militares a invadir Colombia con el pretexto de que el río que marca la frontera había cambiado de curso. Ya tuvo que regresarlos a su país. Luego le ordenó al Tribunal de Justicia dar un golpe de Estado que lo facultaba para asumir las funciones de la Asamblea Nacional, para recular de inmediato cuando la reacción internacional condenó la maniobra.

Frente a este desorden, la Asamblea Nacional venezolana, la Organización de Estados Americanos y Unasur discutirán esta semana el rompimiento del orden constitucional en Venezuela y abrirán procesos para que el país recupere la normalidad democrática, extraviada el día que el coronel Hugo Chávez tomó el poder en 1999, y hoy continúa con su prolongación mecánica: Nicolás Maduro.

En Caracas, la Asamblea Nacional iniciará el proceso de remoción de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia que servilmente se prestaron al golpe de Estado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 165 de la Constitución, al tiempo que activará el proceso para fijarles responsabilidad penal.

Venezuela es un archipiélago de crisis. La economía caerá 8 por ciento este año tras retroceder 10 puntos porcentuales en 2015, y la inflación llegará a 720 por ciento.

En la OEA, los embajadores acreditados ante la organización pedirán a la presidencia del Consejo Permanente que convoque una sesión urgente sobre la situación en Venezuela, y podría iniciarse el proceso de suspensión de ese país para participar en la organización hasta que normalice su institucionalidad democrática. También los cancilleres de los países del Mercosur han condenado el rompimiento del orden democrático en Venezuela.

Pero, aparte de la última crisis institucional, provocada por la torpeza de Maduro, Venezuela es un archipiélago de crisis. En los hogares venezolanos hay una crisis alimentaria porque en los mercados no hay alimentos. En las farmacias no hay medicamentos; los hospitales, los quirófanos apenas funcionan, y los laboratorios no tienen los insumos necesarios. Se estima que 13.000 médicos se han ido de Venezuela. En el país con las mayores reservas de petróleo en el mundo hay una crisis energética, y en las gasolineras se raciona la venta de gasolina. La crisis de seguridad es probablemente la peor del mundo. El 80 por ciento de los venezolanos tienen miedo de ser asesinados, y 6 de cada 10 ciudadanos han atestiguado un asesinato en su vecindario. Una estadística aterradora, teniendo en cuenta que en El Salvador y Honduras, considerados los dos países más violentos del mundo, solo 3,5 de cada 10 dijeron lo mismo.

La economía venezolana caerá 8 por ciento este año tras retroceder 10 puntos porcentuales en 2015, y la inflación llegará a 720 por ciento. El Gobierno no tendrá divisas para importar los alimentos que demanda la población ni los insumos que requiere el sector productivo por el desplome de los precios del petróleo, que genera 96 por ciento de las divisas del país.

Así las cosas, es muy alentador que los presidentes de los países más grandes del hemisferio unifiquen criterios con la OEA y Mercosur para presionar a Maduro a que se restaure el orden constitucional, que se libere a los presos políticos, se respeten los derechos humanos, la libertad de expresión y la de prensa, y se fije una fecha inamovible para celebrar elecciones presidenciales.

Pero, como me dice Peter Hakim, presidente emérito del Diálogo Interamericano, “el éxito de la oposición va a depender de su habilidad para proponer una agenda que le dé prioridad a reducir las dificultades económicas y humanas del país”.

SERGIO MUÑOZ BATA

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