Opinión

Las mil cabezas de la corrupción

Ciudadanos tienen que exigirles a las autoridades que se investiguen los escándalos de corrupción.

30 de mayo 2017 , 01:57 a.m.

Por su magnitud, por la visibilidad de las figuras involucradas, por la participación activa del Departamento de Justicia estadounidense y del sistema judicial brasileño, el caso Odebrecht se ha convertido en uno de los paradigmas de la corrupción en América Latina. Venezuela es, según Transparencia Internacional, el país más corrupto de América Latina y uno de los 10 más corruptos del mundo. Pero la corrupción, sin embargo, es un monstruo de mil cabezas.

En República Dominicana, por ejemplo, aseguran que la primera manifestación de corrupción contra la administración pública fue el día que Cristóbal Colon le ofreció al cacique Caonabo cambiarle espejos por oro. En Nueva York hay investigadores universitarios que han encontrado que dar un premio a los hijos para que hagan algo –por ejemplo, pagarles por leer un libro– es una forma de soborno poco recomendable y eficaz porque los hijos seguirán leyendo mientras haya recompensa y dejarán de hacerlo cuando termine la subvención.

En muchos países, sobre todo en América Latina, es práctica común ofrecerle un soborno al policía que no solo lo admite sino que, en muchos casos, lo demanda para no levantar una infracción de tránsito. Otro abuso muy habitual es el uso ilícito de sobornos o influencias para evitarse molestias al hacer un trámite, para obtener indebidamente un puesto o un ascenso o para hacer un negocio ilegítimo.

En Colombia, el problema es tan grave que el presidente Juan Manuel Santos recién anunció ocho medidas contra la corrupción, entre las que se destaca restablecer la educación cívica. Y no en balde todos los precandidatos presidenciales del 2018 han señalado la corrupción como el eje de su campaña.

En Panamá, el Parlamento creó una comisión de alto nivel para investigar las contrataciones de obras durante los tres últimos gobiernos del país, alegando que, dados los “ataques a la institucionalidad del erario público, es indispensable investigar las acusaciones para limpiar el buen nombre de Panamá, que ha sido mancillado”.

En México, el escritor Héctor Aguilar Camín ha denunciado de qué manera el arribo de la democracia al país y el debilitamiento del poder presidencial han propiciado la corrupción. Hoy, escribe Aguilar, con absoluta impunidad, los gobiernos estatales pueden “desviar fondos federales públicos, sobreendeudarse, adjudicar contratos y concesiones, invertir ilegalmente en campañas políticas, repartir prebendas, cobrar comisiones y mordidas, sobrepagar contratos de obra pública y servicios y heredar deudas a proveedores que significan normalmente una deuda oculta adicional para sus sucesores en el cargo”.

No hay país a salvo de la tentación de la corrupción. Lo alentador, sin embargo, es que cada día más ciudadanos se organizan para expresar sus demandas a través de nuevas tecnologías que los agrupan para difundir mensajes y coordinar efectivamente sus acciones. Un buen ejemplo de este tipo de coordinación ha sido la llamada ley ‘Tres de tres’, planteada por la Plataforma Ciudadana y el Instituto Mexicano para la Competitividad, que obliga a los funcionarios públicos a presentar sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal de forma periódica y pública, establece códigos de ética y exige castigos más severos a los corruptos.

Pero no basta con esto. Aparte del reforzamiento de la educación cívica, los ciudadanos tienen la obligación de exigirles a las autoridades que se investiguen a fondo los escándalos de corrupción y se castigue con rigor a los culpables. Al Poder Judicial, que asuma su autonomía, y al Estado, que los dote de los instrumentos para mejorar su efectividad y capacidad para que se fortalezcan los sistemas penales procesales de cada país.

SERGIO MUÑOZ BATA

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