Opinión

El deber del Estado

¿Debe el Estado intervenir policialmente la adicción o debe tratarla como asunto de salud pública?

19 de septiembre 2017 , 12:00 a.m.

En Estados Unidos, ni las enfermedades como el cáncer o el sida ni los habituales tiroteos en las calles o los accidentes de automóvil en ciudades y carreteras matan a tanta gente como las drogas. A diferencia de lo que sucede en América Latina, sobre todo en México y América Central, donde la gente muere en balaceras entre narcotraficantes para conquistar nuevos mercados o rutas de transportación, en Estados Unidos hay una especie de suicidio colectivo de adictos a las drogas que les recetan sus médicos o que compran en mercados ilícitos.

Entre 1999 y 2015, por ejemplo, 183.000 americanos murieron por una sobredosis de opioides recetados por doctores, y a partir de 2016 el número de fatalidades se ha cuadruplicado. El año pasado murieron 64.000 personas, la mayoría menores de 50 años, y todo indica que la mortal epidemia seguirá en aumento.

En el país hay 2,6 millones de adictos a drogas derivadas de la amapola como la heroína, cocaína, oxicodona, alprazolam, fentanilo, morfina, metanfetamina, metadona, hidrocodona y diazepam. Según la agencia de consultoría especializada en el sector farmacéutico QuintilesIMS, en 2016 el valor del mercado de opiáceos recetados fue de 8.500 millones de dólares.

El costo de la epidemia es colosal. En términos de salud pública, una sola inyección del antídoto Naloxone, utilizado para revivir a personas en trance de muerte por sobredosis, cuesta aproximadamente 470 dólares. El precio del tratamiento y de los programas de rehabilitación posteriores depende de la gravedad de la adicción y de la duración de la recuperación del paciente, pero siempre es estratosférico. Otro gasto enorme es el que hacen las policías para combatir el tráfico de drogas ilícitas.

Entre 1999 y 2015, por ejemplo, 183.000 americanos murieron por una sobredosis de opioides recetados por doctores, y a partir de 2016 el número de fatalidades se ha cuadruplicado

La epidemia también incide en el mercado laboral y asimismo tiene un costo grande. Hace apenas dos meses, la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, explicó que la discrepancia entre el número de trabajos vacantes y el ritmo actual de contratación se debe, además de los avances tecnológicos, a que la industria manufacturera no encuentra aspirantes con la preparación adecuada para ocupar los puestos que ofrece, entre otras causas por la adicción de los jóvenes a los opiáceos. El incremento de muertes por sobredosis es “extremadamente insólito”, dijo Yellen ante un comité del Senado. “EE. UU. es la única nación avanzada en la que hemos visto algo así”, señaló, “es un problema desgarrador”.

Los expertos no se ponen de acuerdo para explicar por qué sucede esto. Algunos lo atribuyen a traumas de la niñez; otros, a factores genéticos, pero nadie ofrece datos sólidos para demostrar lo uno o lo otro. Algunos adictos lo ven como una reafirmación de su libertad, otros lo hacen por hedonismo y otros porque piensan que están en su derecho de hacer con su vida lo que quieran, inclusive destruirla. En este sentido, ¿debe el Estado intervenir para impedir que se conviertan en adictos o para atenderlos?

Yo pienso que sí porque se trata de una cuestión de derechos humanos y el Estado tiene la obligación de proteger a los ciudadanos, pero la intervención del Estado no se reduce a un asunto policíaco, es más una cuestión de salud pública.

¿Y qué se puede hacer para resarcir al Estado del costo de la epidemia? Sé muy bien que no es fácil probar ante la justicia que la industria farmacéutica es responsable del problema, sobre todo sabiendo que muchos adictos mezclan drogas ilícitas como la heroína con drogas recetadas como el fentanilo, un opiáceo 100 veces más potente que la morfina, pero sí estoy convencido de que la gestión del Estado debería incluir una mejor fiscalización de las compañías que manufacturan las medicinas, de las farmacias que las venden y de los doctores que las recetan de manera irresponsable.

SERGIO MUÑOZ BATA

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