Opinión

Castigo cruel e inusual

¿Regresaría a vivir a un país donde no tiene trabajo y la seguridad ha empeorado?

21 de noviembre 2017 , 12:00 a.m.

Imagine que usted llegó a Estados Unidos hace 20 años con un permiso de residencia temporal. Que aquí se casó, tuvo hijos y consiguió un empleo que le permitió comprar su casa con el dinero de su trabajo y del de su esposa; que pagó puntualmente sus impuestos, se integró plenamente al país y nunca se metió en problemas con la ley. Considere también que por decisiones soberanas del Congreso, la temporalidad del permiso se fue aplazando periódicamente y ahora, 20 años después, le dicen que tiene que regresarse a su país de origen porque ya pasó la emergencia que lo habilitó para emigrar.

¿Qué haría usted? ¿Empacaría sus pertenencias y llevaría a sus hijos a vivir a su país sabiendo que ellos no conocen otra patria que Estados Unidos, que no hablan español y desconocen la cultura de la nación de sus padres? ¿Regresaría a vivir a un país donde no tiene trabajo y la seguridad personal no solo no ha mejorado sino que ha empeorado? ¿O se quedaría a vivir en Estados Unidos, sin documentos migratorios?

Estos son algunos de los dilemas que enfrentan unos 2.500 nicaragüenses, 46.000 haitianos, 57.000 hondureños y casi 200.000 salvadoreños que podrían ser repatriados si el Departamento de Seguridad Nacional decide terminar el programa Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS, que el Congreso estadounidense creó en los años 90.

Los grupos antinmigrantes, como Federación para la Reforma de la Inmigración a Estados Unidos (Fair), alegan que es necesario respetar los términos del permiso original y aceptar su carácter temporal. Y, añadiéndole insulto a la herida, acusan a los inmigrantes protegidos de abusar de la hospitalidad estadounidense prolongando su estancia. Los dirigentes de Fair quieren hacernos creer que los inmigrantes tienen tanto poder político que pueden dictarle al Congreso las extensiones del permiso original.

La emergencia actual exige que el Departamento de Seguridad Nacional prolongue los permisos temporales hasta que el Congreso aporte una solución final del predicamento de los afectados.

Migration Policy Institute, un centro de pensamiento independiente no partidista y sin fines de lucro dedicado al estudio del movimiento de personas en todo el mundo, aún no adopta una postura oficial respecto a la terminación del programa, pero Michelle Mittelstadt, su vocera, subraya dos temas que habría que tomar en consideración. Por un lado, es importante que el programa temporal mantenga su carácter para proteger a la gente cuando sucede una catástrofe natural; por otro, también es importante entender que en el caso de las personas que llevan dos décadas viviendo aquí, “revocarles el permiso lo más probable es que conduciría a una expansión del tamaño de la población no autorizada y seguramente no beneficiaría ni a Estados Unidos ni a los países de origen de los inmigrantes que permanecen en circunstancias difíciles”.

En un momento en el que el Gobierno estadounidense elabora una estrategia de promoción del desarrollo económico en Centroamérica con el fin de frenar la inmigración a Estados Unidos, sería un grave error desestabilizar aún más los países del área con deportaciones masivas.

La emergencia actual exige que el Departamento de Seguridad Nacional prolongue los permisos temporales hasta que el Congreso aporte una solución final del predicamento de los afectados. Ahora mismo hay un proyecto de ley, llamado Aspire, que podría ofrecer una solución del problema actual permitiéndoles a los afectados solicitar su residencia en el país.

Concuerdo totalmente con Mittelstadt y el MPI en que el generoso y bienintencionado programa de asistencia temporal TPS debe continuar, pero creo que en este caso su carácter temporal debería anularse. El problema actual con el TPS no es semántico, es humanitario. Deportar a los migrantes extranjeros protegidos por el programa, separándolos de sus hijos nacidos en el país, sería un castigo cruel e inusual.

SERGIO MUÑOZ BATA

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