Opinión

Atroz, aunque predecible decisión de Trump

Seguridad nacional y defensa de los intereses del país en el extranjero, los pilares fundamentales.

09 de mayo 2017 , 12:04 a.m.

Pensar que alguien que admira a Vladimir Putin, Abdel Fatah al Sisi, Recep Tayyip Erdogan, Rodrigo Duterte y Steve Bannon va a formular una política exterior en la que los derechos humanos jueguen un papel preponderante es un disparate. En este sentido, el anuncio del secretario de Estado, Rex Tillerson, de que en la política exterior de Estados Unidos los objetivos de seguridad nacional no estarán condicionados por la defensa de los derechos humanos es un desenlace deplorable pero no sorpresivo.

Por más desafortunada que sea la decisión, no es sino una cruda reiteración de los vaivenes de la política exterior estadounidense en la que la seguridad nacional y la defensa de los intereses del país en el extranjero han sido los dos pilares fundamentales. Las variantes, adiciones o sustracciones a la doctrina central que se han dado a través de los años han sido temporales e inconstantes.

Desde su fundación como nación, los derechos humanos fueron una abstracción que si acaso servía para justificar los privilegios de los inmigrantes europeos blancos. Hacia el exterior, la doctrina Monroe no pregonaba la defensa de los derechos humanos sino que afirmaba su “derecho” a usar la fuerza militar por todo el hemisferio para defender los intereses estadounidenses.

Terminada la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall, que proporcionaba asistencia económica, política y militar a países de Europa, sirvió para su reconstrucción, pero, sobre todo, para contener el avance del comunismo. En 1948, Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrita por Estados Unidos gracias al apoyo incondicional de la señora Eleanor Roosevelt, pero que perdió impulso en la presidencia de Dwight D. Eisenhower. A sus personeros en el Congreso les pareció que un decreto internacional atentaba contra “los derechos que Dios les había otorgado a los estadounidenses”.

Un cambio radical sucedió en 1964, cuando el presidente Lyndon Johnson firmó la Ley de Derechos Civiles, que garantizaba la igualdad del voto, prohibía la segregación y la discriminación en las escuelas y en los lugares públicos por motivos de raza, género o etnicidad. Leyes que alentaron la creación de organizaciones no gubernamentales como la Aclu o Human Rights Watch, que se dedicaron a la defensa de los derechos civiles.

El presidente Jimmy Carter hizo lo que pudo para darles vigencia, pero el esfuerzo se diluyó con Ronald Reagan y el resurgimiento del fervor anticomunista de los 50. Los derechos humanos volvieron a desaparecer del mapa mundial, salvo cuando se trataba de condenar los abusos a los ciudadanos en la Unión Soviética. De ahí en adelante, la política exterior norteamericana siguió a tumbos, con aciertos, errores y omisiones.

Hoy que la influencia de Estados Unidos sobre China, Rusia, India o Irán se ha desvanecido, el futuro de la defensa de los derechos humanos se ha hecho más que incierto. La guerra contra el terrorismo también ha contribuido notablemente al aumento de las violaciones de los derechos humanos con la complicidad implícita o explícita de Estados Unidos al excusar abusos de países autocráticos.

Hay, además, otros problemas de origen que le dificultan a Estados Unidos ejercer su papel de defensor de los derechos humanos: el encarcelamiento indefinido sin juicio y sin derecho a representación de personas en Guantánamo, el uso de la “guerra preventiva”, y la paradoja de presentarse como el defensor de los derechos humanos apelando a normas establecidas por organismos internacionales cuya legitimidad no admite el propio gobierno estadounidense. Una actitud arrogante que se fundamenta en la afirmación de su excepcionalidad y que hoy tiene en Trump a su mayor representante.

SERGIO MUÑOZ BATA

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