Opinión

¿Justicia especial para cuál paz?

En esta escalada de concesiones a las Farc, más cosas vienen pierna arriba.

03 de octubre 2017 , 12:00 a.m.

Las mentiras que metimos los ‘enemigos de la paz’ se han venido cumpliendo con asombrosa precisión. De la Justicia Especial para la Paz señalamos que sería una máquina de venganza que legitimaría la “piñata de impunidad” para las Farc (como la llamó Vivanco), y que perseguiría con saña a quienes han resistido a su barbarie.

Un eminente ideólogo del terror, el celebérrimo ‘Andrés París’, sentenció en una reputada universidad que Álvaro Uribe tendrá que defenderse ante la JEP “ahora que sea preso y detenido y se le imputen todos los cargos y responsabilidades por asesino, narcotraficante y corrupto”. Y, a renglón seguido, se conoció la conformación de ese tribunal, confirmando las sospechas.

Cómo será que Cambio Radical (léase Germán Vargas Lleras) ‘rechazó, de manera categórica, la composición del Tribunal Nacional de Paz’ al considerar que “con contadas excepciones, la mayoría de los recién nombrados magistrados tienen una clara tendencia política que, de entrada, no genera ninguna clase de garantías para la sociedad civil por el claro prejuzgamiento que tienen sobre las acciones ocurridas en relación con el conflicto interno armado”.

Y es que basta ver la nómina por encimita para entenderlo. Casi todos son juristas de extrema izquierda, y muchos de ellos tienen contratos con el Estado y, concretamente, con el actual gobierno. Algunos ni siquiera habrían sido tenidos en cuenta por su militancia política si no fuera porque los integrantes del comité de escogencia (con tres extranjeros a bordo) ostentan la misma ideología. Por carecer de la más mínima imparcialidad, ‘magistrados’ como Rodolfo Arango o Sandra Gamboa deberían estar impedidos hasta para tomarse un tinto en la JEP. Pero ahí están.

Por carecer de la más mínima imparcialidad, ‘magistrados’ como Rodolfo Arango o Sandra Gamboa deberían estar impedidos hasta para tomarse un tinto en la JEP

Para Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, la JEP está sobredimensionada, con 51 magistrados frente a los 75 de la justicia ordinaria, y reconoce que, en efecto, estos magistrados no solo deberían ser imparciales sino parecerlo. Entre tanto, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, propone 15 modificaciones del proyecto para subsanar falencias en las que ve muchos riesgos.

Pero lo que puede esperarse es que las modificaciones propuestas por el Fiscal resulten siendo tan cosméticas como las que se le hicieron al acuerdo final tras la derrota del plebiscito de hace un año, pues no van a permitir que nada se interponga. Al contrario, en esta escalada de concesiones a las Farc, más cosas vienen pierna arriba. Por ejemplo, la lista de aspirantes a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición tiene las mismas falencias de la JEP. Los candidatos son activistas de izquierda que rezuman antiuribismo furibundo por los poros y carecen de toda neutralidad e imparcialidad, por lo que no son garantía de reconciliación y convivencia. Parecen gemelos.

Otro asunto es la iniciativa con la que el Gobierno está tratando de ‘normalizar los bienes de las Farc’; o sea, de lavar los activos de las Farc y sus testaferros. Por ahora, no se la pudieron colgar a la JEP, pero la sacarán adelante como sea. Lo mismo ocurrirá con la ley que, según Marta Lucía Ramírez, afectaría la libertad de prensa producto del acuerdo con las Farc. Es que no solo estamos hablando de expropiación de medios de comunicación, sino que se prohibirá hablar de su pasado delictivo y ni siquiera se permitirá rememorar sus crímenes.

Quien crea que estos son temores exagerados e infundados, que explique cómo llegamos al absurdo de humillar al Ejército Nacional exigiéndole pedir disculpas por la masacre de Bojayá, cometida por las Farc. Y eso que esto apenas es el comienzo.

SAÚL HERNÁNDEZ BOLÍVAR

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