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¿Blindaje agrietado?

Expertos coinciden en que el blindaje aprobado por la Corte no es más que un saludo a la bandera.

No hay duda de que una determinación que obliga a todas las entidades del Estado a respetar durante doce años unos acuerdos leoninos que solo sirven para darles ventajas a vulgares delincuentes que se quieren tomar el poder no solo es preocupante, sino que se convierte en una gran fuente de incertidumbre que podría tener hasta consecuencias económicas.
Abundan las dudas: ¿por qué 12 años y no 8 o los 10 de los que tanto hablaba Sergio Jaramillo? ¿Son suficientes los 12 para desarrollar las transformaciones exigidas por las Farc para eliminar las supuestas causas objetivas del conflicto? Y si en 12 años no se alcanzan esos cambios, ¿habrá que extender el periodo?
¿Se paralizará la administración pública por 12 años para darle juego a lo acordado con las Farc? ¿Tiene sentido elegir gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, senadores, representantes y presidentes de aquí al 2030, cuando van a estar amarrados a los programas derivados de ese mamotreto de 310 páginas cocinado en La Habana? Y si los funcionarios no lo cumplieran, ¿tiene dientes la justicia para castigar esa omisión?
Por fortuna, crece la hipótesis de que el Estado colombiano les quedará tan mal a las Farc como les ha quedado a todos colombianos desde siempre; lo cual se constituiría en el mayor obstáculo de esta banda terrorista para tomarse el poder. De hecho, casi todos los expertos coinciden en que el tal blindaje aprobado por la Corte Constitucional no es más que un saludo a la bandera que no aguantaría ni un ‘caucherazo’, aunque no se pueden ignorar los hechos.
Lo real es que la Corte Constitucional declaró exequible el Acto Legislativo 02 de 2017, que introduce un articulito transitorio en la Constitución Política según el cual “las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final (firmado con las Farc)”, y que esta disposición rige “hasta la finalización de los tres periodos presidenciales completos posteriores a la firma del Acuerdo”, o sea, hasta el 7 de agosto del 2029.
Siendo esto virtualmente imposible (un ejemplo es que la Constitución de 1991 ha sufrido 42 reformas en 26 años de vigencia, casi dos por año), la Corte se deshizo en malabares conceptuales –y hasta lingüísticos– para afirmar algo tan contradictorio como ese desvarío de que “El Acuerdo no es intocable ni se puede ‘hacer trizas’ ”. Y es que a pesar de que esa corte está conformada, en buena parte, por magistrados candidatizados por el actual gobierno, con el compromiso de darle validez al Acuerdo, estos no le dieron cabida en el bloque de constitucionalidad y dejaron en claro que su naturaleza es política y no jurídica.
Por eso, hay que creerles a expertos como el exmagistrado José Gregorio Hernández, quien asegura que “nada impide que, como en Derecho las cosas se deshacen como se hacen, cualquiera de los próximos congresos, una asamblea constituyente, o el pueblo mediante referendo..., decidan derogarlo. Ni el actual Congreso ni la Corte pueden prohibir que reformas futuras de la Constitución puedan modificar o derogar las normas aprobadas, incluido el blindaje contenido en este acto legislativo”.
Y menos cuando este acuerdo es fruto de una política de gobierno y no de Estado, lo que quedó en claro con el triunfo del No en el plebiscito de aquel 2 de octubre, que el Gobierno mañosamente desconoció. Por eso no le queda bien a Santos decirle a Rodrigo Lara que “los acuerdos son para cumplirlos”, cuando él solo sabe hacer lo contrario: también traicionó el mandato que se le dio en el 2010.
La puerta quedó abierta para que el constituyente primario modifique los acuerdos y sea posible una verdadera paz.
SAÚL HERNÁNDEZ BOLÍVAR
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