Opinión

¿Réquiem para un solo lado?

¿Alguien que guarde silencio sobre estos crímenes podrá ser acaso un faro moral para el país?

02 de noviembre 2017 , 12:00 a.m.

Ante la aberrante cifra de líderes sociales y excombatientes de las Farc asesinados desde la firma del Acuerdo Final de La Habana, es inevitable recordar lo que pasó durante los años 80.

Durante esos años se creía igualmente que los asesinatos políticos y el ascenso de la guerra sucia eran cuestiones de poca monta. El presidente Virgilio Barco decía, en 1987, que el problema de la autodefensa era simplemente semántico.

En esa época, también se estigmatizaba a ese “amplio movimiento político sin armas” que era la UP, esa gran fuerza integrada no solo por las Farc en tránsito hacia la desmovilización, también por el Ado, los destacamentos urbanos del Eln, el movimiento sindical, las organizaciones agrarias, intelectuales, artistas, y otros.

Todos conocían el carácter pluralista de la UP y sabían que esta no era apéndice de las Farc. Sin embargo, algunos, como el expresidente Julio César Turbay, consideraban que la UP era el mismo Partido Comunista pero con otro nombre. Y por lo mismo, la consideraban como agencia de una potencia extranjera. Esa fue justamente la visión de Turbay en relación con la guerrilla: una organización foránea, el brazo armado del comunismo soviético. Fue el conservador Belisario Betancur quien modificó esa lectura y transformó a la guerrilla en un interlocutor político válido. Pero si por un lado estigmatizaban a la UP, por el otro hacían alianzas con ella para conformar listas conjuntas como lo hizo el entonces dirigente oficialista Álvaro Uribe Vélez, en contra de la decisión de su propio partido, el liberal, con miras a las elecciones parlamentarias de marzo de 1986.

¿Cómo es posible que en la oposición no sean capaces de decir ni una sola palabra sobre los asesinatos de los líderes sociales y de los excombatientes que ya entregaron sus armas?

A la vez, por la época, se vivía un proceso de apertura democrática. Los colombianos esperaban ansiosamente uno de los más importantes cambios políticos en la historia del país: la primera elección popular de alcaldes, en marzo de 1988. Un auténtico problema para la clase política tradicional, pues perdería su monopolio político. La guerrilla había sabido conquistar varios territorios y ejercía allí un poder militar y político indiscutible.

Y fue en esas regiones –en donde la UP le disputaría la hegemonía al binomio conservador-liberal–, que empezarían a ser asesinados sus líderes políticos. Algunos, como el representante liberal Hernando Turbay Turbay, eran partidarios de que se suspendieran las elecciones en aquellos municipios en donde la UP pudiera ganar. La clase política tradicional alegaba públicamente que el verdadero peligro era que en algunos municipios resultaran elegidos alcaldes que no fueran de sus partidos, sino de la izquierda, como en Turbo, Chigorodó, Apartadó, Caucasia o Puerto Berrío. En Segovia y Remedios, después de las elecciones parlamentarias de marzo de 1986, los concejos municipales quedarían prácticamente en manos de la UP. Los militares aumentaron la ofensiva en las zonas donde a esta le había ido bien electoralmente, “cobrándole al campesino el haber votado por la UP”, como afirmó Iván Márquez, elegido por aquel entonces representante a la Cámara por Caquetá.

A pesar de que los asesinatos comenzaron inmediatamente después de que la UP surgiera como partido político legal, el 30 de marzo de 1985, es después de las elecciones parlamentarias y presidenciales de 1986 y de la elección popular de alcaldes de 1988 cuando se incrementaría el exterminio. Desde el 26 de mayo de 1985 hasta el 20 de abril de 1987, fueron 268 los muertos en sus filas, entre activistas, militantes, concejales, diputados y congresistas. En agosto de 1987, la revista Semana escribía: “En 535 días de vida de la Unión Patriótica, sus parlamentarios han asistido a más entierros que a sesiones del Congreso. Los 453 muertos en este período así lo demuestran”.

Durante ese periodo, los precandidatos presidenciales también asumieron la postura de navegar entre dos aguas, evitando asumir una posición clara con respecto al tema de la paz, el único tema que realmente podía definir las elecciones presidenciales de 1986. Fue Luis Carlos Galán, jefe del Nuevo Liberalismo, en una intervención ante el Senado, el primero en asumir una posición clara al respecto: había que apoyar la tregua con las Farc, buscar nuevos caminos con el M-19 y evitar que más jóvenes “mueran por la patria”.

Hoy, a diferencia del pasado, habrá que exigirles a los precandidatos que tomen una posición clara con respecto al tema de la paz. ¿Cómo es posible que la oposición se queje de la supuesta impunidad de la que gozarían las Farc con la JEP sin que sean capaces de decir ni una sola palabra sobre los asesinatos de los líderes sociales y de los excombatientes que ya entregaron sus armas? ¿Cómo es posible que Germán Vargas Lleras, su partido, Álvaro Uribe y el Centro Democrático no hayan rechazado esta ola de asesinatos? ¿Cómo no le reclaman al Gobierno, con el mismo fervor con el que les exigen a las Farc liberar a los niños, que active de inmediato la Unidad Especial creada para investigar estos homicidios, que sí están quedando en la impunidad (punto 3.4.4 del Acuerdo Final)? ¿Alguien que guarde silencio sobre estos crímenes podrá ser acaso un faro moral para el país? ¿Réquiem para un solo lado?

SARA TUFANO

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