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¿Una oportunidad?

Hay un círculo de presiones e influencias y un flujo ilegítimo de recursos públicos y privados.

Rudolf Hommes
Todos los candidatos presidenciales, incluido el de la maquinaria, se han pronunciado en contra de la corrupción, y la mayoría de ellos la atribuyen a una degradación de las relaciones entre el Congreso, el Ejecutivo y el sector justicia, que se remonta suficientemente hacia atrás para que nadie se atreva a tirar piedras, pero que en el curso del tiempo ha empeorado y ha borrado las fronteras que permiten la separación de poderes y los equilibrios y controles entre ellos que hacen posible la democracia.
En los últimos años, el caso de Odebrecht, el de carteles como el de la toga, el de la salud, el de los almuerzos escolares, el equipo de parlamentarios fletados para preservar mal habidos privilegios de Odebrecht, y el exfiscal anticorrupción, por ejemplo, han hecho evidente que los bandidos se tomaron el Estado. Hay un círculo vicioso de presiones e influencias y un flujo ilegítimo de recursos públicos y privados, ‘mermelada’, financiación de campañas y sobornos que han resultado irresistibles para un amplio grupo de parlamentarios y altos funcionarios.
Se intercambian puestos en el Gobierno por nombramientos en el sector justicia, nombramiento de cónyuges a cambio de reelecciones, apoyo en el congreso o votos a cambio de contratos o puestos. Al sistema penal acusatorio lo han convertido en un bazar en el que se negocia la aplicación del principio de oportunidad, y lo utilizan carteles de políticos, abogados y periodistas para dirigir falsas acusaciones contra terceros.
Esto tiene un costo gigantesco en términos de eficiencia económica, de capacidad de ejecución y, sobre todo, de pérdida de autoridad y de capacidad del Estado de cumplir su parte del contrato social.
Los verdaderos jefes de los funcionarios que tienen que ejecutar las políticas o las instrucciones del Ejecutivo no son los que los nombran, sino los que los hacen nombrar. Los contratistas tienen pocos estímulos para cumplir y para entregar obras de buena calidad. Se le quita dinero al sector productivo, vía impuestos, para pagar por una inversión pública que en el mejor de los casos va a ser menos productiva. Cuanto mayor la corrupción, peor es la distribución del ingreso y menor el ingreso.
Un estudio indicativo de funcionarios del FMI calcula que si la corrupción disminuyera de tal manera que los indicadores de esta pasaran del cuartil de más alta corrupción a la mediana, el ingreso por habitante de América Latina podría aumentar alrededor de US$ 3.000 (David Lipton, Alejandro Werner y Carlos Gonçalves, ‘Corrupción en América Latina: un balance’, IMFBlog). El costo de la corrupción medido a partir de este estimativo como la oportunidad perdida de generar ese ingreso adicional en el continente puede ser de 20 hasta 40 por ciento del PIB. Eso no es una bicoca, y lo estamos botando a la caneca por tolerar este flagelo y haber dejado que el clientelismo se entronice y haya envilecido la política y el Estado.
Tener un consenso entre aspirantes a la presidencia que creen que el origen del mal es el sistema político, o sea el clientelismo, y dicen que es necesario cambiar esto, es una oportunidad que quizás no regrese. Habrá que evaluar cuáles de los candidatos están verdaderamente dispuestos a emprender esa reforma que requiere coraza y voluntad férreas para no ceder a las presiones de los políticos, y respaldo de los medios y de la población (cuando Mockus intentó con éxito enfrentarse al Concejo en Bogotá, no siempre estuvieron a su lado y algunos medios trataron de presionarlo para que cediera). No va a ser fácil que algunos de los candidatos que tan severamente se pronuncian entiendan que el sistema electoral vigente fue diseñado para preservar la corrupción y el clientelismo, y que tiene que cambiar.
RUDOLF HOMMES
Rudolf Hommes
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