Opinión

Ordenamiento social de la propiedad

La tierra tendría un objetivo ya incorporado en la Constitución, pero no en la conciencia colectiva.

30 de abril 2017 , 04:12 a.m.

El miércoles pasado en Cali, el jueves en Medellín y el viernes en Montería se ha iniciado el ‘proceso de socialización’ del proyecto de ley por el cual se adoptan disposiciones de ‘Ordenamiento de la propiedad social y tierras rurales’ (Ley de Tierras). La semana siguiente continuará esta socialización en otras ciudades. La gira está a cargo de Miguel Samper, director de la Agencia Nacional de Tierras, quien ha dicho que el proyecto puede dar pie a una “verdadera revolución en materia de propiedad”.

No hay duda de que este proyecto de ley puede tener esa naturaleza y de que responde a lo convenido en el primer punto del acuerdo de paz, que es quizás el más importante para las Farc. También provoca con razón muchas inquietudes de propietarios y empresarios rurales modernos o tradicionales. La filosofía de esta ley proyectada se deriva de la necesidad de resolver el problema del acceso desigual a la tierra, uno de los puntos cruciales que han estado presentes desde el principio del conflicto en Colombia.

Hay que celebrar que se esté dando este paso tan importante para el cumplimiento del acuerdo. Un primer análisis del proyecto no deja duda de que esta ley abarcaría la mayoría de los aspectos que se deben regular y muchos de los que hay que cambiar, y que el proyecto es atrevido, en el sentido de ponerse indiscutiblemente de parte de los campesinos y del propósito de inducir un cambio real de la tenencia y distribución de la tierra en Colombia. También pretende cambiarle a la tierra en Colombia el carácter que se le da hoy y su propósito.

Hasta ahora, a la tierra se le otorga valor en este país no solamente como factor productivo, sino como medio de atesoramiento y como símbolo de prestigio, y por lo tanto de exclusión, lo que ha contribuido a que se sobrevalore y a que se hayan erigido barreras que impiden acceso a la tierra y una mejor distribución de su propiedad. Esta ley le daría a la tierra un objetivo social que quizás ya esté incorporado en la Constitución, pero no en la conciencia colectiva.

Curiosamente, algunos de los congresistas de izquierda que han trabajado incesantemente para alcanzar el acuerdo de paz se están quejando de que el proyecto deja abierta la posibilidad de que empresarios y medianos productores rurales tengan acceso a la tierra que debería destinarse exclusivamente a productores campesinos. Hay que buscar con lupa en el texto del proyecto para encontrar esa posibilidad, si es que de verdad la contiene. El proyecto tiene el objetivo inequívoco de ampliar radicalmente el acceso a la tierra de quienes no la tienen.

Estando de acuerdo en la necesidad de ampliar significativamente este acceso, mi preocupación es que, existiendo una gran disponibilidad de tierras baldías, no prevé claramente la posibilidad de que los empresarios capitalistas desarrollen proyectos productivos en esas tierras, en regiones en las que no parece posible desarrollar este tipo de proyectos con otra organización de la tenencia o de la propiedad (campesina, colectiva o estatal). También preocupa que esa amplia disponibilidad de baldíos en ciertas zonas claves no se utilice como medio de pago para la construcción de las carreteras y demás obras de infraestructura que permitirían ampliar la frontera agrícola, posiblemente el camino más corto para generar crecimiento económico y desarrollo social en el mediano plazo.

Este proyecto de ley hubiera sido suficiente en 1930 y quizás hubiera evitado o aminorado el conflicto, pero ahora le hace falta establecer las bases para que el campo pase de ser el sector rezagado a ser el que va a comenzar a sacar a Colombia del marasmo de la producción en el que se encuentra.

RUDOLF HOMMES

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