Opinión

Oposición a revocatoria

No se puede permitir que intenten expulsar arbitrariamente a un alcalde que ganó las elecciones.

21 de mayo 2017 , 06:27 a.m.

La flexibilización de los requisitos para convocar la revocatoria de alcaldes y gobernadores fue un error. Se quiso promover la democracia, pero lo que se consiguió ha sido lo contrario. Se ha socavado la gobernabilidad, se crea inseguridad jurídica sobre la elección popular de estos funcionarios y se pone en entredicho su legitimidad, facilita el revanchismo de quienes perdieron las elecciones y da lugar a un gasto electoral excesivo. Es urgente que se revisen para las próximas elecciones estos requisitos para evitar el abuso del mecanismo y delimitarlo. Pero mientras eso sucede, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe ceñirse estrictamente a la reglamentación vigente.

El procedimiento escogido por este consejo para decidir cuáles solicitudes no aprueba parece razonable, sobre todo porque no sería justo ni tendría sentido aprobarlas sin revisarlas y constatar si tienen justificación. Esta revisión consiste en analizar si el funcionario que se quiere revocar ha incumplido notoriamente sus obligaciones como gobernante y ha contado con el tiempo y los recursos para haber hecho lo contrario. Esto es independiente de que el mandatario sea impopular, antipático o imprudente, del partido al que pertenece o de su ideología. Estrictamente se refiere al cumplimiento o incumplimiento de sus funciones.

La tutela que ha presentado un adlátere de Petro ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con evidente intención política para impedir que el CNE intervenga para evitar la revocatoria de Peñalosa puede tener éxito y se tendría que acudir a la Corte Constitucional para que defina si cabe o no esta intervención del CNE. Mientras tanto, parece que el CNE está pensando en parar dos revocatorias y puede continuar haciéndolo a medida que estudie otras.

En algunos medios se ha comentado que esas decisiones del Consejo Electoral sobre la justificación de las revocatorias van a ser subjetivas. Eso no las invalida. Todos los cuerpos colegiados que toman decisiones o juzgan situaciones específicas están sujetos a esas mismas condiciones. Los jueces son seres humanos que vienen equipados con creencias, valores, prejuicios e intereses que contribuyen a la subjetividad, pero tienen la responsabilidad de propender por el bien público, respetar y defender la ley. Es en ese contexto en el que se tiene que evaluar lo que ha hecho y va a hacer el CNE, con la confianza de que actúa correctamente.

En el caso de Bogotá, si la decisión es proceder con la revocatoria, los partidarios del Alcalde tienen que asumir la obligación de trabajar individualmente y colectivamente para oponerse a esa revocatoria saliendo a votar masivamente en contra. No hacerlo traería graves consecuencias para la ciudad y para el país. A Bogotá le puede significar perder cuatro años. No se van a tapar los huecos, no va a mejorar la seguridad, se seguirá menoscabando la cultura ciudadana, no se van a crear nuevos parques o ciclo- vías, se suspende la planeación urbana, no se resuelve cómo irá a crecer la ciudad, se deteriora el programa educativo y la salud pública, no se van a hacer las grandes obras, no va a mejorar el TransMilenio, se agrava el problema de movilidad (soy parte interesada), y no se va a tomar una decisión sobre el metro (no sé si se han dado cuenta de que la inundación del ‘deprimido de la 94’ ratifica que en Bogotá es mejor no intentar un metro subterráneo).

Todo eso está en juego, y más con la revocatoria. Si la tutela es en el sentido de que esta se lleve a cabo, se debe apelar, hay que apelar. No se puede permitir que intenten expulsar arbitrariamente a un alcalde que ganó las elecciones. Aun si hubiera motivos para llevarla a cabo, que no los hay, el remedio puede resultar peor que la enfermedad.

RUDOLF HOMMES

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