Opinión

Colombia Repunta

No se entiende la autoridad del Ministro de Minas para afectar los ingresos de los gobiernos locales

19 de febrero 2017 , 12:07 p.m.

La iniciativa del Gobierno de darle un mayor impulso a la economía, vía inversión pública y estímulos para la inversión privada, es oportuna y bien orientada. Es necesario que la economía crezca más rápidamente y que no se pierda lo que se ha logrado en materia de empleo. Es muy interesante el énfasis que se da a la construcción de aulas escolares, a volver a atraer inversión en exploración de petróleo y minería y que se persista en el programa de vivienda popular que ha caracterizado a esta administración. Ojalá muy pronto se cumpla el pronóstico de una reducción de la tasa de interés.

La insistencia en mantener a flote el programa de inversión en infraestructura (4G) y la decisión que ha tomado el propio Presidente de reemplazar al Vicepresidente como cabeza visible de ese programa son aspectos cruciales de esta iniciativa y muy positivos, pues esta inversión peligra en el ambiente de temor y adicción al escándalo que ha dado lugar a la revelación de que el éxito de la política comercial de Odebrecht dependía del soborno.

Pero es necesario que se establezca un mayor grado de coordinación dentro de la Rama Ejecutiva, y de esta con el sector judicial para que la administración de justicia y las funciones de supervisión y control se lleven a cabo con todo rigor, pero de tal manera que no impidan que se haga la inversión programada y teniendo cuidado de no provocar una crisis financiera. Debe existir una alternativa distinta a la que se ha escogido que permita castigar a los que han confesado y a los demás culpables, cuando se conozcan, sin generar inadvertidamente o injustamente pérdidas del empleo de los obreros y gravísimas consecuencias financieras para los bancos y los demás inocentes que están pagando el pato por haberse arriesgado de buena fe a apoyar o financiar el proyecto bandera de esta administración. ¿Quién se le va a medir a ejecutar o a financiar los billones de pesos que requieren las inversiones de Colombia Repunta con este antecedente?

Otra decisión gubernamental que contradice absurdamente la intención y el espíritu del plan para impulsar la economía es la decisión del Ministerio de Minas y Energía de quitarles recursos a las alcaldías y gobernaciones para financiar un impuesto verde que se creó con la reforma tributaria sin tener en cuenta sus consecuencias financieras. Las ciudades y los departamentos son inversionistas importantes y han programado obras que esta decisión impediría ejecutar; en el caso de Bogotá, nada menos que el metro. Si se analiza bien lo que ha sucedido, no se entiende de dónde proviene la autoridad del Ministro de Minas que le permite afectar arbitrariamente los ingresos de los gobiernos locales que financian inversión. Tampoco es claro que el papel de Hacienda sea el de mediador. La responsabilidad de resolver el problema es de ese ministerio, que hizo aprobar un impuesto que no se puede hacer efectivo sin afectar la inversión pública de los gobiernos locales. Cuando se aprobó este impuesto, nadie entendió que iba con cargo a las finanzas municipales.

El programa de vivienda popular tiene un talón de Aquiles que es el retraso en la provisión oportuna de agua potable de algunas de las principales ciudades, Santa Marta y Cali, entre otras. Como dice el Alcalde de Bogotá, “da vergüenza” que las ciudades no entiendan que esta es una prioridad ineludible. Si no hay agua y los acueductos no operan por indolencia, incompetencia, corrupción de los funcionarios o desinterés de los alcaldes, no tiene sentido invertir en vivienda popular. El ministerio del ramo debería asumir un papel más activo para asegurar que las viviendas que financia van a tener agua. También debe impulsar la inversión en agua potable y alcantarillado, a la par con la de vivienda prioritaria.

RUDOLF HOMMES

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