Opinión

Descentralización

Se necesita fortalecer la capacidad de supervisión e intervención del Gobierno central.

07 de julio 2018 , 11:31 p.m.

Tuve la oportunidad de participar el miércoles pasado en el foro ‘El estado del Estado’, organizado por Función Pública, como comentarista de un panel sobre la Constitución de 1991. Me correspondió opinar sobre la descentralización. Recordé que la decisión de promoverla en las discusiones de la Asamblea Constituyente que culminaron en la aprobación de la Constitución de 1991 y les pusieron fin a más de cien años de centralismo extremo fueron motivadas, entre otras razones, por la reciente aprobación de la elección popular de alcaldes, por el deseo de dotar a las administraciones municipales y departamentales de recursos para que pudieran ejecutar sus funciones y atender principalmente la satisfacción de necesidades básicas en todo el territorio.

Nos impulsaba también el anhelo liberal de darles mayor autonomía a las regiones. Pensábamos con el deseo que, si se empoderaba a la población para elegir a sus gobernantes y si las decisiones sobre la provisión de servicios públicos, educación, salud y seguridad para garantizar un nivel de bienestar mínimo de la población se tomaban a nivel local, mejorarían la calidad de los gobiernos municipales y departamentales y la capacidad de las comunidades de ejercer control sobre los gobernantes y los políticos. Creíamos que surgirían movimientos ciudadanos que forzarían a los partidos a modernizarse, renunciar al clientelismo y dejar de ser federaciones de caciques regionales.

Pero sucedió todo lo contrario: el clientelismo se recrudeció porque, disponiendo de recursos y autonomía administrativa a nivel local, el orangután ya no tenía que vestirse de sacoleva, como sucedía en un régimen centralista en el que, por lo menos de palabra, se respetaba la ley y la Constitución, y no se ejercía crudamente en todas sus manifestaciones el poder local sin limitaciones. En lugar de que la sociedad civil adquiriera estatura y poder, la descentralización y la cesión de recursos del Gobierno central a los gobiernos locales liberó a los gamonales para ejercer mayor poder, hacerlo más insolentemente en beneficio propio, y abrió la puerta para que los políticos corruptos, los grupos irregulares armados o las mafias criminales se apoderaran del Estado a nivel local y usurparan funciones y recursos del Gobierno recurriendo a la violencia.

Esto, sin embargo, no ocurrió en las ciudades, donde inicialmente fuimos testigos de prometedores desarrollos en las alcaldías. Mockus I, Peñalosa I y Mockus II fueron buenas administraciones sucesivas. La Triple A, en Barranquilla, hizo evidentes las posibilidades que tiene la sociedad civil para poner orden e inducir bienestar. Estos ejemplos y otros similares crearon la sensación de que los gobiernos locales despegarían. Pero no sucedió en todas partes. Los movimientos políticos nuevos no supieron organizarse y no conservaron el poder; y en varias ciudades fueron reemplazados por gobiernos populistas y administraciones venales que fueron elegidas al amparo de partidos emergentes.

Los partidos tradicionales perdieron poder, lo que no necesariamente era indeseable, pero ellos y los gobiernos trataron de recuperarlo erigiendo una estructura centralizada redundante para financiar los gobiernos locales que le impuso una carga potencialmente insostenible al presupuesto nacional y se convirtió en un vehículo para la distribución improductiva de ‘mermelada’.

Todo esto lleva a preguntar si convendría dar marcha atrás y regresar al centralismo. Sería un grave error retroceder. El problema no es la descentralización, sino la corrupción. Lo que se necesita es fortalecer la capacidad de supervisión e intervención del Gobierno central y dar la batalla contra la corrupción y el clientelismo, un compromiso que adquirió el presidente electo.

RUDOLF HOMMES

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