Opinión

Qué hacer ante el nuevo auge de la coca en Colombia

Si reconsidera sus puntos de vista sobre las políticas antidrogas, Santos puede detener los reveses.

21 de marzo 2017 , 04:21 a.m.

La semana pasada, la Casa Blanca presentó su evaluación sobre los cultivos ilícitos en Colombia, y el resultado no son buenas noticias. En vez de eso, lo que se confirma con esta es el aumento de la producción de cocaína durante los últimos años.

De hecho, bajo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, Colombia ha sido testigo del salto más grande en los cultivos en una década y de cómo el país ha recuperado el nada envidiable título del principal productor de coca en el mundo, que antes recaía en Perú.

Hay muchas razones para este revés, pero Santos, quizá guiado por las dudas de otros países a la hora de combatir las drogas, tiene en parte culpa.

La resistencia del Presidente a confrontar el tema de la droga a través de medios tradicionales no es un secreto. Tras aceptar su premio Nobel en Estocolmo en diciembre, su llamado a repensar la guerra contra las drogas generó titulares en todo el mundo. Aprovechó ese momento de gran popularidad para hacer un llamado en pro de la legalización de las drogas. Un tema al que le ha coqueteado por muchos años.

Y al hacerlo utilizó argumentos fallidos sobre políticas antidroga que están diseñados para sembrar dudas sobre estrategias que dan resultados y que han sido respaldadas por la comunidad internacional.

Esa resistencia a utilizar métodos que arrojan resultados concretos, como la fumigación aérea, ha conducido a que se cumpla una profecía destinada al fracaso. De acuerdo con el ‘Washington Post’, el ‘boom’ en la oferta que ha ocurrido durante el gobierno Santos ha conducido al primer incremento en EE. UU. tanto del consumo como de la disponibilidad en por los menos una década

Santos está en lo correcto cuando dice que nuestro debate sobre políticas antidrogas debe estar guiado por evidencia y no por ideologías. ¿Y qué muestra la evidencia? Muestra que una agresiva campaña para reducir la oferta, incluyendo la erradicación aérea, conduce —como sucedió durante la era Uribe— a una reducción considerable del problema en el hemisferio.

En Colombia y a través de los Andes, por ejemplo, hemos visto reducciones netas sustanciales en producción de cocaína como resultado de esfuerzos conjuntos de gobiernos comprometidos en la resolución de este mal. Ese trabajo ha ido de la mano de niveles de inversión hechos en EE. UU. por controlar la demanda que son históricos. Hoy, por ejemplo, EE. UU. se gasta anualmente en reducción de la demanda más dinero que el gastado en toda la historia de Plan Colombia.

Pese a los incrementos que ahora se presentan, los resultados a largo plazo no tienen discusión: el uso de cocaína en EE. UU. —el mercado más grande para esta droga colombiana— se ha reducido en dos terceras partes desde el pico alcanzado a mediado de los años 80.

Aunque es cierto que Colombia ha sacrificado mucho para lograr estos resultados, también lo ha hecho EE. UU., y sería una tremenda equivocación desechar todo ese progreso para favorecer alternativas dudosas como la legalización de la droga.

Puesto de manera simple, Santos se equivoca al sugerir que este camino es viable en pro de una solución global a este desafío.

Es Estados Unidos, el experimento limitado con la legalización de la marihuana ha sido un fracaso. Pese a las promesas de sus defensores, el mercado negro de esta droga continúa boyante en Estados que la han legalizado.

En esos Estados, el uso de la droga entre adolescentes ha crecido, y los accidentes de tránsito producto del uso de marihuana se ha disparado de manera dramática.

Peor aún, los políticos ahora están aceptando contribuciones a sus campañas de la industria de la marihuana, lo cual corrompe aún más nuestras instituciones.

Para un economista como Santos, el ejercicio académico de oferta y demanda para un nuevo producto como las drogas puede tener sentido en teoría. Pero en la realidad sabemos que no conduce hacia una sociedad más saludable e incrementa el uso y abuso de drogas en las comunidades.

Creer que nuestros países serán más fuertes con más gente que consume cocaína, heroína o metanfetaminas es un error muy serio.

No hay ganancia por la vía del cobro de impuesto a la comercialización de la droga que pueda compensar el costo de las vidas que se pierden a la adicción, el crimen y la corrupción de nuestros políticos.

También es ingenuo pensar que las organizaciones criminales que han diversificado sus negocios hacia el secuestro, la extorsión y otras actividades ilegales desaparecerían si la droga fuera legal.

El presidente Santos debe ser aplaudido por todo lo que ha logrado en aras de la paz de Colombia y por mucho de su trabajo contra las drogas hasta el momento.

Pero como ganador del premio Nobel, debe dejar de ver las esfuerzos antinarcóticos a través del prisma de la “guerra contra las drogas”. Esa metáfora es solo útil para los que defienden la legalización y buscan sembrar dudas frente al progreso alcanzado.

Una metáfora más apropiada es la del cáncer: una enfermedad que puede ser prevenida, tratada y reducida. El propósito de un esfuerzo antidroga sostenido con esfuerzos como la erradicación aérea no es “ganar” o eliminar por completo el problema de la droga.

Ninguna sociedad, por avanzada que sea, podrá eliminar totalmente la violencia, el crimen o las enfermedades. El propósito es reducir es lastre lo que más sea posible. Si reconsidera sus puntos de vista sobre las políticas antidrogas, Santos puede detener los reveses que se están viendo en Colombia. Al hacerlo, además, estaría invirtiendo en el mismo proceso de paz que negoció y que no será exitoso si el país vuelve a ser el epicentro mundial del tráfico de drogas.

RAFAEL LEMAITRE
Ex director de Relaciones Públicas en la Oficina Nacional para la Política Antidroga de EE. UU. (ONDCP)

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