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Actualizado 02:04 p.m. - jueves 24 de abril de 2014

Opinión 07:56 p.m.

El Inpec se reforma o...

El Inpec se reforma o...

Hugo Acero, columnista de EL TIEMPO

Por Hugo Acero Vel

Son variados y muy serios los llamados de atención que durante varios años han realizado distintos organismos y funcionarios sobre los problemas administrativos, operativos y de corrupción que tiene el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), y aunque se ha avanzado en la construcción de nuevos establecimientos carcelarios, los principales problemas siguen sin resolverse.

Hay que recordar que, a finales de los años 90, el hacinamiento en las cárceles superaba el 50 por ciento y la Corte Constitucional, mediante la sentencia T153 de 1998, declaró la existencia del "estado de cosas inconstitucional en las prisiones de Colombia" y le ordenó al Gobierno elaborar un plan de construcción carcelaria tendiente a garantizar a los reclusos condiciones de vida dignas.
En el 2001 y el 2003, dos informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunciaron la violación sistemática de los derechos humanos en las cárceles colombianas, resaltando que el problema de hacinamiento ya superaba el 200 por ciento. Para enfrentar esta situación, el Gobierno, vía Conpes (3086 del 2000, 3277 del 2002 y 3414 del 2006), centró sus esfuerzos en la ampliación de la infraestructura y ordenó la construcción de 11 nuevas prisiones de mediana seguridad, con capacidad cada una para 1.600 internos, y 5 reclusiones especiales.

Con muchos tropiezos y cuestionamientos, el Gobierno avanzó en la ampliación de la infraestructura carcelaria. En el 2008, un informe de la Contraloría encontró retrasos en la construcción de 11 cárceles y un sobrecosto de 90.000 millones de pesos, que para el director de Fonade de la época era "normal". Además, señaló que las obras en construcción no cumplían con las condiciones adecuadas para llevar a cabo los procesos de reinserción social y el diseño de las celdas no tenía en cuenta las normas mínimas de habitabilidad para los reclusos establecidas por las Naciones Unidas.

Luego de más de diez años, cuando se creía que por lo menos el hacinamiento se podría terminar, los problemas en los nuevos centros carcelarios son muy graves, lo que llevó al gobierno del presidente Santos a suspender el traslado de 5.442 presos y a sacar varios miles de millones de pesos para remediar fallas estructurales de las nuevas prisiones, como lo reconoció el director encargado del Inpec, Luis Felipe Henao (EL TIEMPO, 13-11-10). Según esta entrevista, la mayoría de los nuevos centros no tienen hoy circuito cerrado de cámaras, sensores de movimiento y centros unificados de control, por cuenta de un contrato por 53.000 millones que la Corte Constitucional ordenó liquidar por irregularidades. Además, hubo que suspender el traslado de los presos porque el Inpec no cuenta con personal de guardia profesional para atender la seguridad y funcionamiento de estos nuevos centros.

Para el director (e.), el Instituto "necesita una reestructuración contundente, porque el desorden administrativo y la corrupción en todos los niveles están haciendo que la entidad sea inviable", situación que había sido señalada por el ex ministro Fabio Valencia Cossio y por la anterior directora, quienes aseguraron que "el Inpec se trasformaba o se acababa", pero ellos no asumieron el reto y prefirieron que el nuevo gobierno encontrara este caos. Si hoy no se realiza una reestructuración profunda de esta institución, la corrupción, la violencia y la delincuencia seguirán creciendo desde el interior de las cárceles y desde el ente que las administra.

El Gobierno puede iniciar un proceso profundo de reingeniería del Inpec, puede intervenirlo y depurarlo para que, por primera vez en la historia, los establecimientos carcelarios de Colombia cumplan con la función que les corresponde en materia de política criminal.

 

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