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Actualizado 11:15 a.m. - miércoles 16 de abril de 2014

Opinión 08:37 p.m.

La Comisión de Acusaciones

Fernando Brito Ruiz

Si se examina la manera como funciona la comisión actualmente, no puede ser más confuso el panorama.

Hay algunas cosas que no parecen haberse dicho en relación con las reformas propuestas a la denominada Comisión de Acusaciones, o que no resultan claras. Una primera tiene que ver con los asuntos que van a ser materia de su juzgamiento. Conviene precisar si van a ser los penales, los disciplinarios, los de orden político o cuáles. Esto obliga a precisar el propósito de dicha comisión.

De allí se desprenden otras cuestiones: 1) se requiere que se diga a quiénes juzga; y 2) cuál es el procedimiento que va a seguir. Si se examina la manera cómo funciona esta comisión actualmente, no puede ser más confuso el panorama. Siempre se entendió que cumplía el papel de juez de los altos funcionarios.

Pero, a raíz de cuestiones que ha resuelto y por pronunciamientos de la Corte Constitucional, resulta que no deciden como jueces sino como congresistas, con opiniones y votos que por ello resultan inviolables. Esto le da una dimensión diferente a esa institución.

Por otro lado, se debe definir cuáles funcionarios van a estar sometidos a los procesos que ella adelante. Como figura ahora, lo son el Presidente de la República (no figura el Vicepresidente, cuestión que requiere definición); los magistrados de las altas cortes y el Fiscal General. Es bueno anotar que solo puede investigar a aquellos que expresamente diga la Constitución.

Igualmente, se debe determinar la clase de conductas que va a juzgar o a decidir. Se parte del entendido de que los asuntos de orden penal, esto es, los procesos que se originen por la comisión de delitos, corresponde decidirlos a la Corte Suprema de Justicia. Esto exige saber si la Comisión continúa con la facultad para acusar al Presidente de la República.

En tal caso, se debe definir la forma como serán tramitados los procesos penales contra el Presidente. Según la ley 5ª de 1992, actualmente procede después de que la Cámara de Representantes en pleno apruebe que se formule acusación ante el Senado, y de que este decida que pase a la Corte Suprema de Justicia, proceso que difícilmente puede concretarse, por lo tortuoso de su trámite.

Se debe precisar la clase de procesos que va a adelantar esta comisión y el tipo de decisiones que puede tomar. Si son procesos por responsabilidad política, debe concretarse en qué consiste esta. Si van a ser por cuestiones derivadas de su condición de funcionarios, asimilables a procesos disciplinarios, debe señalarse con claridad. Igualmente, se hace necesario decir si va a ser por otra clase de conductas, como las denominadas de 'indignidad'. Ello implica además que se requiere determinar el procedimiento que se debe seguir, y los papeles que juegan la Comisión de Acusaciones, la Cámara y el Senado, los sistemas de decisión y la clase de medidas que imponen: fallos, sentencias o declaraciones.

Hay otros asuntos que deben resolverse, como la intervención del Procurador en dichos procesos, el tipo de sanciones que se pueden imponer y la manera de llevar adelante estas actuaciones, pero lo importante es que el tema esté lo suficientemente debatido y que se resuelva de una manera lógica y coherente, para garantía de los investigados, pero también de toda la colectividad, que espera que se trate de juicios serios, encaminados a imponer sanciones a quienes realmente las merezcan.

En tanto no se tiene acceso a la manera como se llevan adelante estas discusiones, no es posible saberlo, pero es probable que todas estas cuestiones hayan sido resueltas. Si es así, es bueno saber cómo se definieron. Corresponde a un tema de la mayor importancia y del más alto interés para todos los colombianos.

Fernando Brito Ruiz
Procurador Delegado

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