Opinión

Oportunidades tributarias para acabar con la violencia contra la mujer

Aportemos a la estabilización de las mujeres víctimas de violencia ofreciéndoles nuevos empleos.

08 de marzo 2017 , 12:05 a.m.

Las violencias contra las mujeres, ya sean psicológicas, físicas, económicas, patrimoniales o sexuales, son un grave problema para todas las colombianas. A diario, en el país 118 mujeres son víctimas de violencia de pareja y 48 sufren agresiones sexuales. Cada 3 días, una mujer es asesinada por su pareja o expareja y, en el mes, entre 3 o 4 mujeres sufren agresiones con agentes químicos. Sin duda, esto genera incuantificables daños emocionales, además de impactos sociales y económicos.

Generalmente se aborda la violencia contra las mujeres como un problema centrado en las víctimas; sin embargo, sus impactos exceden el plano individual, familiar y comunitario, y debería ser entendido como un problema de toda la sociedad. Mientras en la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer revisábamos indicadores de derechos económicos de las mujeres del país, recordamos una investigación realizada por la Universidad de los Andes con el apoyo de Fonade hace ya algunos años, la cual concluía entre otras cosas que las mujeres víctimas de violencias en el marco de la familia terminaban por recibir aproximadamente el 70 % menos de ingresos, en comparación con aquellas que no soportaban la violencia intrafamiliar. La misma investigación señalaba que la violencia intrafamiliar aumentaba el número de mujeres desempleadas en 360.000 cada año y que los costos anuales del país asociados a la atención y prevención de la violencia intrafamiliar podían ascender casi a 4 % del PIB.

Los efectos de las violencias contra las mujeres descritos en esta investigación siguen de forma lamentable siendo iguales, así como los impactos económicos que estas tienen para el país. Así las cosas, muchas de las mujeres que en la actualidad son víctimas de violencia se encuentran desempleadas o son dependientes económicamente de sus agresores, lo que las sitúa en un lugar de mayor vulnerabilidad.

La dependencia económica es una de las razones por las que muchas mujeres se mantienen en relaciones violentas. Sentir que ellas, y sobre todo sus hijos, no contarán con las mismas condiciones materiales de existencia que las que permite estar cerca del agresor, sumada a otros factores emocionales, hacen que permanezcan en relaciones violentas y no rompan lo que las expertas han llamado ‘los ciclos de las violencias’.

Además, muchas de las mujeres sobrevivientes de las violencias que he conocido refieren que cuando toman la decisión de denunciar para alejarse de sus agresores, las propias autoridades les preguntan si están seguras de iniciar un proceso contra sus parejas y alejarse definitivamente porque, de hacerlo, ¿de qué van a vivir ellas y sus hijos? Con esto desestimulan la denuncia y, posteriormente, una vez las víctimas regresan a casa con sus agresores, corren el riesgo de volver a ser violentadas, como ocurre en la mayoría de los casos.

Este panorama nos muestra la urgencia de generar mayores oportunidades laborales para las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, a fin que la dependencia económica deje de ser una razón para que permanezcan en relaciones que les hacen daño y, sobre todo, para que puedan estabilizar sus vidas y las de sus hijos.

En ese sentido, como consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, estoy comprometida con difundir el decreto 2733 de 2012, el cual reglamenta el artículo 23 de la Ley 1257 de 2008. Esta ley, que garantiza el derecho de las mujeres a tener vidas libres de violencias, establece que aquellos empleadores que contraten a mujeres víctimas de violencias tienen beneficios tributarios, que consisten en la deducción en la declaración de impuesto sobre la renta y complementarios, del 200 % del valor de los salarios y prestaciones sociales pagadas a las trabajadoras sobrevivientes de cualquier tipo de violencia. Con el decreto 2733 volvemos una realidad este beneficio tributario, y con la Dian y el Ministerio de Trabajo estamos decididas a que sea conocido y utilizado por la mayor cantidad de empresas en el país.

Como dije antes, las violencias contra las mujeres son un problema de todas y todos, y por lo tanto generar estrategias para su prevención y para apoyar a las víctimas debe ser una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad en general: cualquier mujer víctima que cuente con una red de apoyo y oportunidades para seguir adelante podrá romper los ciclos de violencia y retomar las riendas de su existencia.

Mi invitación es a que aportemos a la estabilización de las mujeres víctimas y sus hijos, les ofrezcamos nuevos empleos y conjuntamente les ofrezcamos nuevas oportunidades para salir adelante y alejarse de los violentos.


MARTHA ORDÓÑEZ
* Consejera presidencial para la Equidad de la Mujer

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