Opinión

Pegarles a los estudiantes

Pese a la censura de Unicef y Unesco, en 74 países es legal golpear estudiantes en los colegios.

27 de julio 2017 , 12:00 a.m.

Hace un mes, el coordinador de disciplina para la educación básica en Three Rivers, un distrito escolar cercano a San Antonio Texas, le presentó a su consejo de educación una propuesta para permitir que los rectores y coordinadores de las tres escuelas de la zona puedan castigar físicamente a los estudiantes que tengan mal comportamiento golpeándolos con una paleta de madera parecida a los bates planos con los que se juega al Críquet. Y el consejo aprobó la proposición por seis votos contra cero.

La decisión me pareció anacrónica y exótica. Y asumí que rápidamente, el Departamento de Educación de Texas y la Corte Suprema de los Estados Unidos la echarían para atrás. Pero, para mi sorpresa, resulta que 19 estados gringos permiten ese tipo de castigo en las escuelas, y la Corte Suprema ha declarado que no se trata de medidas inconstitucionales. Se estima que cada año, más de 200.000 estudiantes reciben castigo físico en los colegios de Estados Unidos. En 2015 se hundió un proyecto de ley para prohibir en ese país ese tipo de castigos, y aunque el gobierno Obama les sugirió a los estados eliminarlos, la recomendación no ha sido atendida.

Los castigos físicos generan agresividad, depresión, retraso en el desarrollo, deserción escolar y predicen conductas violentas, abuso de psicoactivos

De hecho, en 74 países es legal golpear estudiantes en los colegios, aunque Unicef, Unesco y todas las convenciones de derechos humanos dejan claro que el castigo físico es violatorio de los derechos de los niños en todo ámbito social, incluida la familia, y enfatizan en la gravedad de que ese tipo de castigo persista en los sistemas educativos. Existe, por cierto, una iniciativa global para terminar con esa práctica, cuya página de internet es www.endcorporalpunishment.org.

En Colombia está prohibido golpear estudiantes de acuerdo con las sentencias de la Corte Constitucional C-371 de 1994, C-674 de 2005 y C-368 de 2014. Y la tutela y otros mecanismos jurídicos de protección de los derechos hacen que tal práctica sea excepcional y cuestionada. Con ponencia de Carlos Gaviria, la sentencia de 1994 fija sus límites en la familia, además de prohibir estas formas de sanción en las escuelas.

Dice así: “El uso de la fuerza bruta para sancionar a un niño constituye grave atentado contra su dignidad, ataque a su integridad corporal y daño, muchas veces irremediable, a su estabilidad emocional y afectiva. Genera en el menor reacciones sicológicas contra quien le aplica el castigo y contra la sociedad. Ocasiona invariablemente el progresivo endurecimiento de su espíritu, la pérdida paulatina de sus más nobles sentimientos y la búsqueda –consciente o inconsciente– de retaliación posterior, de la cual muy seguramente hará víctimas a sus propios hijos, dando lugar a un interminable proceso de violencia que necesariamente altera la pacífica convivencia social”.

Es muy clara la evidencia sobre la inconveniencia de los castigos físicos. Claro, hay distancia entre una palmada en la cola que una madre cariñosa le da a su hijo y una paliza pública que deja lesionado a un chico e impartida por un papá o un profesor encolerizado. Pero la evidencia científica no deja duda sobre los efectos de la disciplina ejercida con autoritarismo y violencia contra los niños. Los castigos físicos generan agresividad, depresión, retraso en el desarrollo, deserción escolar y predicen conductas violentas, abuso de psicoactivos y problemas en el trabajo y la comunidad en la vida adulta. En Colombia, para no ir muy lejos, se ha probado que casi sin excepción, quienes han perpetrado crímenes atroces, incluidos los integrantes de grupos armados ilegales, han sido víctimas de este tipo de maltrato en su niñez.

Y no se trata de alentar la permisividad, sino de rechazar la idea tonta de que se puede usar la violencia para formar personas razonables. La violencia solo genera violencia. La formación socioemocional, para la reconciliación y para la ciudadanía cívica y política, tiene que basarse en la reflexión y el diálogo. Y la autoridad de maestros y padres ser ejercida con confianza, no con miedo y dolor.

Es duro saber que mientras unos educadores se dedican a formar personas emocionalmente sólidas y ciudadanos razonables, hay quienes todavía castigan a golpes a sus estudiantes. Y que con más frecuencia de lo que uno imagina, distintas sociedades apoyan a los trogloditas y no a quienes educan para la paz.

ÓSCAR SÁNCHEZ
* Coordinador Nacional Educapaz

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