Opinión

Los niños de las Farc que no aparecen

Es un deber preguntarle al Gobierno qué hará para identificar y acompañar a esos chicos.

05 de octubre 2017 , 12:00 a.m.

Un recuerdo de 1980. Yo pasaba mis vacaciones escolares en una finca de Rioblanco, Tolima, que había sido elegida por el Ejército para ubicar su campamento contrainsurgente. Como la zona donde dormían los soldados no tenía agua, mandaban a recogerla a la casa de la finca. ¿Y quién venía con los baldes y canecas? 

Unos chicos de mi edad (unos doce años por esa época), vestidos con uniformes camuflados que les colgaban y sin ninguna insignia, que no contestaban cuando se les hablaba. Recuerdo haber preguntado a mis tíos por qué tan jóvenes esos soldados. Y no recuerdo la respuesta, pero sí que era evasiva. Años más tarde comprendí que el Ejército los capturaba y en vez de entregarlos al ICBF los convertía temporalmente en informantes y auxiliares para labores logísticas. Otro recuerdo treinta años más tarde. En el año 2010 me alojé en una finca hotel en Puerto López, Meta, y el chico que cuidaba el sitio, armado con un revólver y orgulloso de su ‘carrera’, me contó que tenía trece años y que lo habían contratado en la organización de Víctor Carranza para ese trabajo de vigilancia.

El año pasado profesores de colegios ubicados en distintas zonas del país afectadas por el conflicto me contaron que las Farc estuvieron dejando chicos a cargo de familias y rectores, sin aceptar que fueran reportados a las autoridades de protección de menores. Duré más de un año tratando de reunir datos precisos, pero no logré sino lo que consigno en esta columna. Las cifras exactas no se pueden establecer, pero varios centenares, quizás miles de chicos y chicas que estuvieron en la guerrilla desde niños y no alcanzaron a cumplir los 18 años antes de agosto pasado que se terminaron de entregar los certificados a las personas en proceso de reincorporación, han tenido que regresar a la vida civil en condiciones informales. Solo 132 llegaron oficialmente.

En Colombia, toda persona menor de 18 años tiene la misma condición jurídica como niño y su reclutamiento es un delito no sujeto a beneficios judiciales, pero la situación de los menores de 15 años ha sido especialmente dramática y oscura. Seguramente las Farc tenían muchos en sus filas hasta hace un par de años, pero cuando vieron que la paz llegaba, si los incluían en los reportes de combatientes, se arriesgaban (y así fue confirmado en su reciente visita al país por Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional) a un juicio transfronterizo por crímenes de guerra no indultables. Así que mientras los adultos comenzaban a dejar las armas, los entregaron en silencio y de cualquier modo a quienes no correspondía.

Más de 15.000 (algunos cálculos hablan hasta de 17.000) niños y niñas han sido parte de grupos armados a lo largo de las últimas décadas

Entre septiembre del 2016, cuando reconocieron tener en sus filas 22 chicos (lo que con razón causó enorme indignación), enero del 2017 cuando se expidió el protocolo necesario para desvincularlos, marzo pasado cuando hicieron las primeras entregas oficiales y el pasado mes de agosto, cuando se venció el último plazo legal, las Farc reconocieron gota a gota a los menores que la Cruz Roja recibió y entregó a Unicef y el Gobierno.

Ignoro las edades, pero entiendo que hasta hace dos meses apenas había 86 chicos y chicas y no estaban los más pequeños. Para atender a esta población se puso en marcha hace meses un dispositivo con 10 sitios transitorios de acogida a cargo de varias entidades operadoras y el programa interinstitucional Camino Diferencial de Vida, liderado por la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y sabemos que casi todos los y las menores de edad que han pasado por ese programa están hoy estudiando en colegios cerca de sus familias y recibiendo apoyo adecuado.

Pero esos albergues debían estar preparados para muchos más chicos y chicas. Y me temo que la mayoría de menores de edad desvinculados por la puerta de atrás, aunque seguramente están mejor que en la guerra, no han recibido una atención médica, psicosocial, educativa, nutricional y espiritual adecuada a su inmensa vulnerabilidad. Las normas expedidas este año hablan de especial protección y atención, y se han destinado recursos institucionales y de cooperación internacional para cumplirlas (lo que no sucede casi con ningún otro tema del acuerdo), pero hasta donde sé, la realidad más importante no ha sido resuelta: la mayoría de esta población no está registrada en los programas especializados disponibles. O al menos nadie da razón de ello, y dudo que haya un gran dispositivo confidencial para atender a centenares de niños, niñas y adolescentes.

Así que es un deber preguntarle al Gobierno qué hará para sincerar el asunto e identificar y acompañar a esos chicos si las Farc no los reconocen. Como se trata de un tema en el que la justicia internacional podría ir más allá de lo negociado en La Habana, quienes se oponen a los acuerdos de paz lo han convertido en su bandera, más que por genuino interés humanitario, para arrinconar a sus oponentes, mientras el Gobierno y varios organismos internacionales y ONG involucradas lo tratan con pinzas, a veces como tabú y a veces con tecnicismos jurídico-formales que enredan más la cosa y la aíslan de la posibilidad de que la sociedad haga conciencia del problema y lo ayude a resolver.

Pero el fenómeno no es nuevo ni exclusivo de las Farc, y esperamos que muchas de las respuestas pendientes nos las ofrezcan la justicia transicional y las entidades a cargo de construir la verdad histórica del conflicto. No obstante, en lugar de una oportunidad política para los detractores de la paz, lo que necesitamos es llegar a esos chicos. Más de 15.000 (algunos cálculos hablan hasta de 17.000) niños y niñas han sido parte de grupos armados a lo largo de las últimas décadas, y cientos de miles han tenido y tienen relación con actividades ilegales como el narcotráfico, la minería criminal o el contrabando. Desde 1999, cuando se creó el programa para menores desvinculados en el ICBF, el instituto ha atendido a 6.000 niños y niñas.

Sin ser experto, imagino que un juez de la Corte Penal Internacional quizás buscaría la salida más benévola que la justicia internacional de los derechos humanos pueda ofrecer a un grupo guerrillero que reconociera haber reclutado a esos chicos y chicas, dijera adónde los dejó, se sometiera a la justicia transicional de su país por ello, junto con el Estado contribuyera a su reparación integral y a su reintegración con sus familias y comunidades y demostrara que desde hace tres años no recluta menores de edad. Pero por tratarse de sujetos de especial protección, me temo que tarde o temprano, cuando se sepa que muchos chicos reclutados fueron ocultados, con esa verdad en los tribunales internacionales, la jurisdicción de paz y las autoridades de protección tendrán que enfrentar un reto moral y jurídico descomunal.

ÓSCAR SÁNCHEZ
*Coordinador Nacional Educapaz

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