Opinión

¿Impuestos para la Dian o para arreglar y dotar escuelas?

Dos mil millones de pesos tendrían más impacto si en vez de hacer un edificio, se arreglan veinte.

21 de diciembre 2017 , 12:00 a.m.

Se ha abierto una puerta para financiar infraestructura y dotación educativa en zonas del país con altos niveles de pobreza y violencia. El mecanismo, denominado ‘obras por impuestos’, se aprobó en la última reforma tributaria y se ha venido reglamentando durante este año, de modo que está listo para su primera aplicación.

A partir del 2018, las empresas medianas y grandes podrán proponerle al Gobierno una opción para destinar hasta la mitad de sus impuestos de renta y de ganancias ocasionales. Pueden entregarle esa plata a la Dian como de costumbre o pueden ofrecerla para financiar proyectos específicos de construcción, mejoramiento y dotación de infraestructura social en cinco sectores: educación, salud, energía, vías o agua y alcantarillado. Los proyectos, ubicados en 344 municipios muy fregados que forman parte de las Zomac (Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado), se registran en un listado que administra la Agencia de Renovación del Territorio (consultar el listado en http://www.renovacionterritorio.gov.co/descargar.php?id=125).

Este primer año, los proyectos se concentrarán en lo que han sugerido entidades del Gobierno Nacional, departamentos y municipios que ya tenían en cola sus iniciativas (hay más de 1.000 en la lista, aunque muchos sin viabilidad plena, y hay plazo para inscribir proyectos hasta mediados de febrero).

Pero las empresas contribuyentes pueden sugerir proyectos, y una vez estos sean considerados razonables por el Gobierno en un concepto inicial, la empresa se hace cargo de su estructuración y tiene prelación para que se autorice la ejecución del proyecto. Esta modalidad a la larga tendrá más acogida, porque el hecho de escoger las comunidades para apoyar es atractivo para las empresas y porque reduce los riesgos en la ejecución, en la medida en que los diseños técnicos los respalda la misma empresa contribuyente. Comprometerse a ejecutar un proyecto cuya estructuración no sea sólida es peligroso, pues de incurrir en sobrecostos, la empresa tiene que asumirlos, y si no cumple los cronogramas, se somete a fuertes sanciones.

A partir del 2018, las empresas medianas y grandes podrán proponerle al Gobierno una opción para destinar hasta la mitad de sus impuestos de renta y de ganancias ocasionales.

Una vez la empresa ha elegido un proyecto y se ha establecido por el Gobierno un orden de prioridad (que sean iniciativas realizables, que se llegue a la mayor cantidad de municipios, que no sean proyectos demasiado grandes para que alcance la plata, que se atienda el sector con mayores carencias, etc.), el contribuyente consigna el dinero en una fiducia para que contrate la obra o suministro y la interventoría. Esta última la supervisa el Gobierno, y la obra la gerencia la empresa o quien ella seleccione a través de una contratación regulada.

Es difícil saber el alcance de esta figura, porque el Confis define hasta qué monto del recaudo en el país se puede recibir en especie, así que si el cupo es pequeño, muchas empresas se pueden quedar con las ganas de usar el mecanismo por no obtener la autorización. Veremos en enero o febrero con cuánto se arriesga el Gobierno en este primer año, y en marzo, cuando se vence el plazo para postularse, sabremos la respuesta del sector privado. Del mismo modo, dependerá del próximo gobierno consolidar o marchitar lo que se avance en esta primera experiencia del 2018.

El asunto tiene dos virtudes y un montón de riesgos, los cuales analizaré en una columna posterior, pues no estoy convencido de que se esté eligiendo la opción más equitativa y transparente. Pero en cualquier caso, esta ventana de las obras por impuestos se ha abierto, y hay que llenarla bien. De modo que esta columna es una invitación a las comunidades educativas de las veredas más apartadas a informarse y a preparar iniciativas en alianza con organizaciones de la sociedad civil y funcionarios comprometidos.

Un llamado a esas comunidades, a las empresas y a los alcaldes para que conciban que con dos o tres mil millones de pesos se puede tener mucho más impacto si en vez de hacer un edificio, se arreglan y dotan veinte o treinta ambientes para actividades de aprendizaje colaborativo bien pensadas con los jóvenes y los maestros.

Y en especial, a las zonas rurales de los municipios que han vivido la guerra con mayor intensidad, para que los documentos que salen del proceso de construcción de los PDET en las asambleas veredales y en los acuerdos municipales y regionales tengan en cuenta que existe esta fuente de financiación y sepan llegar a las empresas con sus iniciativas enmarcadas en un plan integral. También es un llamado al sector privado socialmente responsable a organizarse para blindar el mecanismo asociando a empresas ejemplares entre sí, con territorios y con organizaciones sociales, de modo que se marque una pauta potente en transparencia, equidad y eficiencia para la generalidad del empresariado y el Gobierno.

ÓSCAR SÁNCHEZ
* Coordinador nacional de Educapaz

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