Opinión

El cartel de la alimentación escolar

A muchos exfuncionarios nos han abierto procesos infames, y estamos enfrentándolos años después.

12 de julio 2018 , 12:00 a.m.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha iniciado una investigación formal, y a más tardar en 2019 tomará una decisión clave: es muy probable que sancione a los contratistas de alimentación escolar de Bogotá por armar un cartel para cerrar el mercado fraudulentamente, y elevar el precio que se podría haber pagado por los refrigerios escolares si hubieran competido entre ellos. La resolución está aquí: http://www.sic.gov.co/superindustria-formula-pliego-de-cargos-por-cartel-empresarial-de-mas-de-10-anios-en-refrigerios-del-plan-de-alimentacion-escolar-de-bogota.

La SIC vela porque las empresas tengan las mismas oportunidades y los consumidores el mejor precio, y su sanción serían multas cercanas a los 80.000 millones de pesos. Pero más allá de ello, en el mediano plazo develar el ‘modus operandi’ y las pruebas de la colusión, como se llama a esta marrulla, puede llevar a la cárcel a los empresarios involucrados, pues en un proceso de contratación con recursos públicos esa práctica se convierte en delito. El proceso penal, en todo caso, no se va a fallar antes de tres o cuatro años, si la justicia avanza y si lo hace en la dirección correcta. Estamos hablando de hechos que comenzaron a ocurrir hace unos 15 años, que han sido denunciados desde por lo menos hace unos siete, y que siguen ocurriendo.

Esta investigación puede animar a nuevos proveedores a participar de un mercado que les generaba prevención por estar manipulado y estimular el debate sobre el rol de la competencia y otros principios de la contratación pública para lograr inclusión, eficiencia y calidad. E inicia una investigación sobre la corrupción en la alimentación a poblaciones vulnerables que puede llegar a múltiples sectores y regiones en todo el país. Pero su gran aporte, más allá de castigar a unos cuantos tramposos, es poner por primera vez la ley y la justica del lado correcto y hacer sentir a los funcionarios honestos que se puede enfrentar con éxito a contratistas poderosos e inescrupulosos.

Veamos la ecuación. De un lado está un grupo de empresas que maneja contratos por más de dos billones de pesos en el país y que hace cualquier cosa para mantenerlos y para quedarse con el otro billón que no maneja. Esas empresas llevan muchos años a veces compitiendo entre ellas y cada vez más poniéndose de acuerdo irregularmente, trabajan de manera diferente en diferentes contextos, han llegado a grados de infiltración en el Estado que son aberrantes, y su poder es enorme. Además de empresarios, participan concejales, congresistas, universidades, funcionarios responsables de contratar y funcionarios responsables de controlar y sancionar la gestión de esta enorme tajada del presupuesto. En Bogotá capturan un pequeño porcentaje del precio en un refrigerio que de todos modos se entrega, pero en otros territorios o entidades con menos salvaguardas, hemos visto sobrefacturaciones del 300 % y 400 % y sopas servidas en el balde de los traperos.

En Bogotá capturan un pequeño porcentaje del precio en un refrigerio, pero en otros territorios, hemos visto sobrefacturaciones del 300 % y 400 % y sopas servidas en el balde de los traperos.

Del otro lado de la ecuación están subsecretarios, directores de unidad o profesionales nutricionistas, sociólogos e ingenieros que tienen que tomar decisiones sobre una licitación pública, un convenio de asociación o una selección abreviada para determinar quién entrega la comida, quién hace la interventoría o quién hace la evaluación de las propuestas de esos contratos. Para los ciudadanos del común es difícil imaginar la presión que significa enfrentar una red inescrupulosa con tentáculos en el mundo privado y todas las ramas del poder público. Pero muchos funcionarios honestos renuncian, no aceptan esos empleos o terminan empapelados injustamente por muchos años, si no es que sancionados. Es muy importante que la SIC, si bien su ámbito de investigación son las empresas, en su resolución haya mencionado el uso de mecanismos como tutelas, denuncias malintencionadas ante organismos de control y órganos judiciales y gestiones impropias infiltrándolos, como parte de las prácticas que se daban en Bogotá.

Para contarlo solo con un par de anécdotas, cuando en el 2012 la Secretaría de Educación estandarizó los refrigerios escolares, es decir, dijo que podían ser subastados, fue Troya. El Concejo de Bogotá quiso votar una moción de censura y sacarnos a sombrerazos a quienes hicimos cambios para forzar la competencia, y los organismos de control en lugar de acompañar y vigilar ese proceso de adjudicación presionaron para que se mantuviera un mecanismo manipulable.

Fueron la determinación política del alcalde, la cobertura de los medios de comunicación y la capacidad técnica de funcionarios en la Secretaría lo que en ese momento salvó nuestra cabeza y el proceso para empezar a forzar al cartel a aceptar que el Gobierno fijara las reglas de los contratos y no ellos. En ese proceso del 2012, la SIC muestra cómo rápidamente el cartel se adaptó, y hubo comportamientos no competitivos en una subasta en la bolsa mercantil. (Artículo: 'Mientras esté, ni puestos ni contratos': secretario de Educación')

Luego en el 2013 se pusieron de acuerdo para no presentarse en el siguiente proceso y lograron que se declarara desierta una compra. Esa vez estuvieron a punto de dejar sin comida a los niños. Se reunieron todos a tomar tinto al frente de la ventana de mi oficina, con las carpetas de sus propuestas en la mano, no dejaban a nadie radicar sus postulaciones y se fueron sin presentarse diciendo que si no les arreglaban el pliego no se iban a presentar. Todo lo cual se denunció, y no pasó nada.

Desde entonces con Colombia Compra Eficiente y la industria de alimentos que surte a las tiendas y supermercados donde todos compramos la comida, más allá del mundo de la contratación púbica, comenzamos a trabajar alternativas de proveedores a lo largo de la cadena de suministro y mecanismos de compra. Entretanto, el cartel persistió.

El alcalde Peñalosa debería ser más prudente: ni el cartel se ha acabado, ni se va a quedar quieto.

Para dilatar los procesos, todos los años bombardeaban con un ejército de abogados y calanchines a los funcionarios con miles (literalmente, miles) de solicitudes de aclaración, tutelas y denuncias que los funcionarios tienen la obligación de contestar una por una, so pena de invalidar las licitaciones o terminar sancionados. Y si cuentan con funcionarios infiltrados, así sean solamente uno que otro, es suficiente para torpedear los procesos, ganar tiempo, y obligar a las entidades a contratar en las condiciones que a ellos les conviene.

En el 2015, cuando buscamos alternativas de proveedores de refrigerios para no quedar en manos de ese mismo cartel, tal como se ha logrado hacer con el manejo de los comedores escolares, aparecieron congresistas y concejales de nuevo haciendo llamadas y debates intimidantes, y esta vez quisieron tener a los medios que pudieran de su lado, pero el periodismo cubrió ambas versiones, y la SIC comenzó a investigar. https://www.elespectador.com/noticias/bogota/distrito-denuncia-presiones-contratacion-de-refrigerios-articulo-552567

A muchos exfuncionarios nos han abierto procesos infames por presión politiquera, y estamos enfrentándolos años después. Pero que una autoridad pública diga al fin en una resolución como esta de la SIC que “distintas administraciones de la Alcaldía de Bogotá han denunciado públicamente la existencia de un presunto ‘cartel de refrigerios escolares en Bogotá’, conformado por un grupo de empresarios quienes se confabulaban para quedarse todos con un pedazo del contrato al mayor precio posible” y que lo sustente en un documento técnico serio de casi 300 páginas, es un primer indicio de que las cosas pueden cambiar de signo y los acusadores corruptos empezar a ser acusados.

Es importante impedir que el sectarismo actual se meta también en la polémica. Los contratistas acartelados estarían felices de que nos agarráramos a pelear entre los funcionarios que fuimos víctimas de este cartel y lo enfrentamos durante el gobierno de Gustavo Petro y los que lo han tenido que enfrentar durante el gobierno actual. Y ya el alcalde Peñalosa en una desafortunada rueda de prensa salió a decir que los contratistas de porquería los había heredado del gobierno anterior y que él ya había acabado con el cartel. Eso además de canalla, porque nos pone en la picota a personas honradas, es contraproducente. Recomiendo este artículo para entender la realidad: http://lasillavacia.com/silla-cachaca/lo-que-revelan-los-cargos-contra-el-cartel-de-refrigerios-en-bogota-66933

El alcalde Peñalosa debería ser más prudente: ni el cartel se ha acabado (de hecho, igual que nos pasó en el gobierno pasado, el de él mantiene contratos con varias de las empresas investigadas, porque así lo obliga la ley), ni se va a quedar quieto, y los funcionarios de ambos gobiernos seguiremos enfrentando ataques y presiones (que esperamos solo sean jurídicos y políticos, y no lleguen más allá).

Así que un mínimo de justicia y ponderación aconsejaría que se reconozca que la SIC, y la mayoría de los directivos de las dos últimas administraciones de la Secretaría de Educación de Bogotá y de varias entidades del Gobierno Nacional como Colombia Compra Eficiente, el Ministerio de Educación Nacional y el ICBF hemos dado una lucha importante, pero estamos lejos de poder cantar victoria.

Y que tendríamos que unirnos con las comunidades y empresarios honestos de la industria de alimentos para cambiar las cosas, o esos tres billones al año en juego en el negocio de la comida que ofrece el Estado seguirán desafiando la ley y comprando gente en varias ramas del poder público para no soltar la teta.

ÓSCAR SÁNCHEZ

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